La acusación insiste en el “ensañamiento” de Quezada y le dice al jurado que “ha quedado demostrado que es una sociópata auténtica”
El abogado de la familia de Gabriel Cruz, Francisco Torres, ha manifestado al jurado popular que enjuicia a Ana Julia Quezada por la muerte del menor que “es una sociópata auténtica” y que “no tiene el mismo derecho a respirar el mismo aire que respiramos nosotros”. Para él, “hay que apartarla de la sociedad” y ha insistido en que la acusada actuó con premeditación, alevosía y ensañamiento, por lo que pide para ella la prisión permanente revisable.
Para la acusación particular, Quezada es una “auténtica asesina” que “mató haciendo sufrir al niño” porque las lesiones encontradas en el cuerpo irían más allá de las propias derivadas de la muerte por asfixia mecánica del menor.
Con respecto al posible móvil por el que Ana Julia Quezada mató al pequeño, ha dicho que podría ser económico pero también que podría ser porque tenía odio a la madre o que odiara al niño, porque le estorbaba para su relación y sus planes, ha dicho. “Hemos tenido que soportar que esto ha sido un accidente, y cuando eso pasa uno reclama ayuda”, algo que la acusada no hizo, ha expuesto.
Además cree que han quedado acreditados durante el juicio dos delitos contra la integridad moral a raíz del comportamiento que posteriormente mantuvo la acusada durante la búsqueda del menor participando en las exploraciones y indicando a sus padres que el niño iba a aparecer. Para el abogado, los delitos contra la integridad moral, junto con los de lesiones psíquicas, suponen una petición adicional de 12 años de prisión por parte de la acusación particular.
Ha calificado Torres de “cuarta dimensión” que la defensa alegue en sus conclusiones definitivas que Quezada actuara bajo la “influencia de drogas”, cuando es un hecho que, según ha indicado, no ha sido probado. Además ha insistido en el perfil “perverso” y “ruin” de Quezada.
La defensa
La defensa de Ana Julia Quezada ha modificado su escrito de defensa, por el que inicialmente solicita una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, y ha pedido al jurado que se tenga en cuenta una posible condena de entre diez y 15 años, por un delito de homicidio con dolo.
Esteban Hernández Thiel considera que hay dos circunstancias atenuantes en la actuación de Ana Julia Quezada que rebajarían la pena: la atenuante de confesión, o alternativamente, confesión tardía de los hechos, y la atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional. Insiste en que la acusada no pretendía matar al niño y que fue accidental, añadiendo que, al “darse cuenta de ello”, fue “presa del pánico” y “quedó bloqueada e incapaz de asumir lo ocurrido”, no solo durante el tiempo que estuvo en la finca tras matar a Gabriel Cruz, sino también durante los días de búsqueda de menos, cuando -según Hernández- la acusada fue “incapaz de afrontar lo acontecido y sin saber cómo explicarlo a su pareja ante la repercusión mediática y al estar bajo los efectos de medicación ansiolítica, movida por el ánimo de evitar las consecuencias de sus actos, continuó ocultando lo acontecido hasta su detención”.
Quezada fue “presta de la ira”, ha dicho el abogado, puesto que “su única intención era acallar” a Gabriel, y ha referido que así lo corrobora el resultado de la autopsia oficial, que no certificaría una muerte violenta y sí la asfixia.
Una y otra vez ha insistido en que en “tres horas y media había mil formas de dar muerte niño y de ocultarlo. Si eso quería, si el crimen fue premeditado, sería la mayor chapuza producida jamás” defendiendo que Quezada tuvo tiempo suficiente para haber ocultado mejor el cadáver en caso de que su forma de actuar hubiera obedecido a un plan.
