La Junta actualizará, a petición del PP, el decreto de la restauración para cambios tecnológicos y sociales actuales
Juan José Salvador el objetivo es ofrecer seguridad y evitar incertidumbre, tanto a las personas que prestan el servicio de restauración, como a los usuarios y empresarios del sector
El parlamentario andaluz del PP de Almería, Juan José Salvador, ha sido el encargado de defender en el Parlamento Andaluz una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno de Juanma Moreno a estudiar la posibilidad de actualizar la normativa para la defensa de consumidores y usuarios en establecimientos de restauración, propuesta que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.
Salvador ha comenzado su intervención recordando la importancia de la restauración en Andalucía y en Almería, siendo una actividad generadora de empleo y riqueza y un atractivo más para el turismo. Sin embargo, y a pesar de que tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución Española garantizan la defensa de los consumidores de estos bienes y servicios, en el caso de Andalucía se aprobó un Decreto en el año 1987 que no ha sido modernizado desde entonces a pesar de que los cambios han sido muchísimos, no solo por el avance que se ha producido con las nuevas tecnologías, sino también por la irrupción de la pandemia que cambió la forma de vida de los ciudadanos.
“El Decreto, como es evidente por el paso de más de 30 años, se ha quedado obsoleto y es por eso que desde el PP creemos que es el momento de actualizarlo y mejorarlo, ya que se han producido importantes cambios normativos, socioculturales o tecnológicos que han venido para quedarse y que seguirán transformando la sociedad en la que vivimos. A lo que tenemos que sumar las nuevas obligaciones a las personas que presta el servicio, y a su vez, las nuevas necesidades a las personas consumidoras y usuarias”, ha explicado.
Finalmente, Juan José Salvador ha remarcado que actualizando el marco normativo se ofrece seguridad y se evita la incertidumbre, y espera que esta iniciativa sea el primer paso para que la ley cuente con medidas en defensa de los consumidores y usuarios acordes al siglo XXI.
