La Junta prepara una nueva ley para reforzar la mediación y el arbitraje en consumo que contará con las aportaciones de todos los agentes del sector
La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud está trabajando en la nueva Ley Andaluza de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo, que permitirá desarrollar un nuevo marco normativo que refuerce los mecanismos de resolución de conflictos y consolide el Sistema Arbitral de Consumo en Andalucía. Una vez definidas las líneas generales previstas en el anteproyecto de Ley, se están realizando reuniones informativas en las distintas provincias andaluzas con el fin de incorporar a la nueva norma las ideas y aportaciones de todos los agentes que participan en el sector. En la mañana de hoy se ha desarrollado una de estas jornadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, en la que han participado la directora general de Consumo, Isabel Niñoles y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín.
En la reunión celebrada hoy en Almería han asistido profesionales de los servicios de consumo de la Administración Pública, a nivel autonómico y local, tanto procedentes de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), como de las Juntas Arbitrales de Consumo de Ayuntamientos y de la Diputación Provincial de Almería. Asimismo, se ha contado con la presencia de representantes de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y del tejido empresarial almeriense.
José María Martín ha explicado que el objetivo de esta jornada es “crear un espacio de debate y reflexión para incorporar al texto de la futura ley las ideas y aportaciones de los representantes de los diferentes colectivos que participan en el ámbito del consumo en Almería”. Martín ha señalado que “el objetivo final es promover una norma consensuada que permita fortalecer e impulsar el sistema de la mediación y el arbitraje como métodos alternativos para la resolución de conflictos de consumo en el conjunto de Andalucía”.
Para ello, la Ley regulará diferentes cuestiones como la mediación en consumo en Andalucía; la estructura y funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo autonómica así como aquellos aspectos del arbitraje de consumo que no sean competencia estatal; los Servicios de Atención a la Clientela de las empresas; los mecanismos de prevención de conflictos, autorregulación empresarial, responsabilidad social y calidad; y la red de servicios públicos de consumo, reconociendo y mejorando la labor de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs).
Además de esta nueva Ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo, la Administración autonómica está trabajando en paralelo en la modificación del Decreto que regula las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía, con el objetivo de adaptarlo a la normativa europea y mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso reclamación, para que sea más sencillo, útil e intuitivo para la ciudadanía.
El arbitraje de consumo
El arbitraje de consumo es un servicio público que las Administraciones Públicas, en colaboración con las organizaciones empresariales o profesionales y de personas consumidoras y usuarias, presta a través de sus funcionarios, funcionarias y de órganos administrativos especializados -las Juntas Arbitrales de Consumo- poniéndose a disposición de la ciudadanía para resolver los conflictos en materia de consumo de una manera eficaz, sencilla, gratuita, rápida, voluntaria y de calidad, con efectos vinculantes y ejecutivos.
El Sistema Arbitral de Consumo se organiza a través de las Juntas Arbitrales de Consumo, que son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes, como a las personas que desempeñan la función arbitral y a la ciudadanía en general.
En caso de conflicto con una empresa, las personas consumidoras y usuarias pueden solicitar el arbitraje de consumo a través de una hoja de quejas y reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía o directamente a través de una solicitud de arbitraje, ya sea a través de su descarga en la oficina virtual, o solicitándola en las Juntas Arbitrales de Consumo, Oficinas Municipales de atención al Consumidor o Servicios Provinciales de Consumo. En cualquier caso, no es necesario un formulario específico para solicitar el arbitraje de consumo.
La Consejería de Salud recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier duda o consulta sobre este tema, puede ponerse en contacto con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, o del perfil de Twitter @consumoresponde.
También se puede recibir asesoramiento en los servicios de Consumo de las delegaciones territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
