La Junta reclama al Gobierno que se respeten las competencias de Andalucía en materia universitaria
El secretario general de Universidades considera que el decreto de universidades privadas vulnera la seguridad jurídica
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha exigido al Gobierno central
que respete las competencias de Andalucía y del resto de autonomías en materia
universitaria en la modificación que plantea del Real Decreto que regula la creación de
universidades privadas. Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de
Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, tras su participación en la
reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, donde ha pedido a la
ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que negocie con las
comunidades el proyecto de decreto, teniendo en cuenta el rechazo al texto expresado
por las comunidades, y no solo las gobernadas por el PP. Según ha lamentado, este
nuevo decreto roza la inconstitucionalidad en algunos puntos de su articulado porque
invade las competencias autonómicas y vulnera los principios de seguridad jurídica y de
lealtad institucional.
Herrera ha recordado que la Junta ya ha presentado alegaciones al borrador, no por los
criterios usados por el Ministerio, que, según ha aclarado, “son menos exigentes que los
contemplados por Andalucía en el nuevo marco normativo universitario que se
encuentra en tramitación”, sino por considerar parte de su articulado “arbitrario, parcial
e injusto” y “por exceder las competencias del Gobierno central”. En ese sentido, ha
aclarado que la creación de universidades, tanto públicas como privadas, es “un asunto
que corresponde a la esfera autonómica”. En cualquier caso, ha subrayado que “esta
nueva ocurrencia vuelve a poner sobre la mesa la improvisación y la incongruencia con
la que se actúa desde Madrid; después de hacer un decreto hace cuatro años y una ley
hace dos, ahora el Ministerio vuelve a elaborar un nuevo decreto”.
El secretario general de Universidades ha desgranado los diferentes puntos en los que
el borrador estatal invade competencias autonómicas, indicando que establece
requisitos para la creación y reconocimiento de campus que van más de allá de las
bases estatales permitidas por la Constitución y exige informes vinculantes de órganos
estatales para la creación de universidades online, incluso si son promovidas por
comunidades. De igual modo, también se incurre en esa situación al darle a los informes
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la condición
de preceptivos y vinculantes, anulando así la capacidad de decisión de las regiones,
incluso si éstas cuentan con sus propios organismos de calidad.
Por otro lado, Herrera ha criticado la quiebra de la lealtad institucional que supone
“utilizar un procedimiento de tramitación de urgencia sin justificación aparente” y “limitar
la participación pública al omitir la consulta y restringir la audiencia a un plazo muy corto”.
Asimismo, desde la Consejería de Universidad también se ha advertido de que el
Gobierno central incumple el principio de seguridad jurídica al aplicar una retroactividad
encubierta mediante la disposición transitoria quinta del decreto, que, tal y como ha
apuntado Herrera, “podría anular iniciativas universitarias que ya contaban con informes
favorables, pero no habían iniciado el trámite de audiencia”. Además, en el articulado
se introducen nuevos requisitos como el número mínimo de estudiantes o el porcentaje
de captación de fondos aplicables a proyectos ya iniciados, “sin prever un régimen
transitorio adecuado o respetar los derechos adquiridos”.
Las alegaciones presentadas
La Consejería de Universidad ha presentado dos alegaciones al proyecto de decreto,
refiriéndose el primero al concepto de universidad con especiales características. Esa
denominación, recogida en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se
asociaba a las universidades estatales con actuación académica en todo el territorio
nacional, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Sin embargo, la modificación del
decreto cambia su sentido y lo redefine, incorporando además del alcance territorial la
alusión al modelo docente, exigiendo así que las titulaciones oficiales de grado, máster
doctorado tengan más del 80% de su actividad en formato virtual o híbrido. A juicio de
Herrera, “no existe motivo jurídico ni académico que justifique que el Gobierno se
reserve para sí el control de este tipo de universidades online”.
En segundo término, la Junta considera “contradictorio” que en el proyecto se exima a
las universidades privadas que se rigen por el sistema de precios públicos en sus títulos
oficiales de aplicárseles las exigencias que se establecen para las universidades con
especiales características. La alegación refleja que “si el motivo que justifica que el
Estado se encargue de supervisar a los campus con especiales características responde
al hecho de extender su formación académica en más de un territorio y con una
modalidad docente determinada, no es posible que renuncie a esta función por el simple
hecho de que dicha universidad con especiales características se rija por precios
públicos”.
Ninguna referencia a las agencias autonómicas en los estatutos de la ANECA
Por otro lado, Ramón Herrera se ha mostrado contrario a los nuevos estatutos de la
ANECA abordados por el Ministerio en la Conferencia General de Política Universitaria.
Según Herrera, “en este documento, no existe ninguna referencia a las agencias
autonómicas y a la valiosa actividad que realizan”. Además, ha criticado que, “debido a
una serie de cuestiones introducidas en el texto, se deja en entredicho la independencia
y la profesionalidad del trabajo de la agencia estatal”. Por eso, ha pedido al Ministerio
de Ciencia que tome como modelo a Andalucía, donde, “por ejemplo, para la selección
del profesorado laboral se realiza una convocatoria pública en la que los criterios de
elección quedan en manos de expertos y no del gobierno”.
