La Ley Universitaria para Andalucía entra en vigor y sustituye al marco legislativo que data de 2013

La norma aborda los derechos del estudiantado, la protección del sistema público universitario, la carrera académica, la internacionalización, la transparencia y la gobernanza

La Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) entra hoy en vigor después de que el
pasado 11 de febrero se aprobara por el Parlamento andaluz. Esta nueva norma
sustituye al marco legislativo que data de 2013 y aborda los derechos del estudiantado,
la protección del sistema público universitario y el modelo de financiación, así como la
carrera académica, la internacionalización y la formación continua. De igual modo,
recoge el acceso a la vivienda del alumnado, la transparencia de las instituciones
académicas, la gobernanza y las condiciones para la creación de universidades
privadas.
En materia de estudiantado, la ley reconoce la bonificación de las matrículas, la
desconexión digital o la suspensión temporal de los estudios. También refleja la
necesidad de fomentar el acceso a las residencias de los estudiantes a través de
programas de actuación conjunta de las instituciones académicas. El documento incluye
en su articulado la promoción de programas para la movilidad del estudiantado con el
fin de mejorar su formación integral y el conocimiento del entorno social, cultural y
académico autonómico, estatal e internacional, dando prioridad a la cobertura del
Erasmus+.
En relación con el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión
y de administración y servicios (PTGAS) de las universidades públicas, la LUPA se
asienta sobre tres ejes: estabilidad, mérito y garantías en la carrera profesional. En su
contenido se flexibiliza la compatibilidad de la actividad del PDI para fomentar la
transferencia del conocimiento y el perfeccionamiento de su formación, se recupera la
figura del profesorado ayudante, se limita el uso indebido de la figura del profesor
sustituto interino y se instaura la obligatoriedad de un nivel de idioma extranjero (B2)
para el acceso a la figura de ayudante doctor a partir de 2029, una medida que también
es exigible para la obtención de títulos universitarios oficiales.
La norma introduce medidas en lo relativo a la gobernanza, de modo que las
universidades disponen de mayor autonomía en materia de personal y en el ámbito de
planificación de la programación académica. De esta manera, se regulan órganos de
coordinación autonómica como el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria,
espacio de diálogo y planificación estratégica entre el Gobierno andaluz y las universidades, y el Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de
Andalucía, que canaliza propuestas y consultas de forma estable.
En el área de la financiación, la LUPA se hace eco del modelo de financiación de las
universidades públicas andaluzas, que se acompaña de mecanismos de evaluación y
control del gasto público basado en indicadores de calidad y resultados. Además, se
establece el uso de remanentes no afectados. Junto a estas medidas, se introduce la
figura de un interventor como parte del personal técnico y de administración y aumentan
las competencias de inspección, evaluación y sanción.
En el ámbito de la gestión universitaria, se regulan los campus universitarios, a los que
hay que dotar de los recursos necesarios de carácter docente, de personal técnico y de
administración, de infraestructuras y de servicios a la comunidad universitaria.
En cuanto a los Consejos Sociales, se refuerzan sus funciones en la captación de fondos
y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.