La palabra que se rompe

La credibilidad de un país no se deteriora en grandes gestas ni en discursos solemnes, sino en hechos concretos que terminan desmintiendo la palabra pública de quienes gobiernan en su nombre.

«La política se funda en la confianza; cuando esta se rompe, todo lo demás comienza a resquebrajarse.»
 Hannah Arendt

En política hay momentos en los que los discursos dejan de importar y son los hechos los que terminan hablando por sí solos. Promesas que se contradicen con la realidad, compromisos internacionales que cambian según el interlocutor y decisiones que se explican de manera distinta dentro y fuera del país terminan dibujando un problema que trasciende a cualquier gobierno: el valor real que tiene la palabra pública.

De ciertos personajes no merece la pena ocuparse demasiado: llevan tantos años desmintiendo con sus actos lo que proclaman con sus palabras, cambiando la verdad según sopla el viento y confundiendo poder con razón, que insistir en describirlos es una pérdida de tiempo. A estas alturas, su retrato lo han pintado ellos mismos y lo único coherente es tomar nota y obrar en consecuencia.

Creo que todo está dicho cuando se accede al poder acusando al ejecutivo anterior de corrupción y prometiendo ante el país una etapa de regeneración política —aquella promesa fue uno de los pilares de su legitimidad inicial— y, sin embargo, la realidad ha terminado dibujando un cuadro muy distinto. No solo no se ha producido la regeneración anunciada, sino que el país atraviesa hoy un clima de deterioro institucional y de escándalos que difícilmente encuentra precedentes en la etapa democrática actual. Cuando una promesa tan decisiva se desmiente con los hechos, no se trata de una simple discrepancia política: es la palabra pública la que queda comprometida.

Ese mismo patrón —la distancia entre lo que se proclama y lo que finalmente se hace— aparece también en la política exterior. Tras casi tres cuartos de siglo de alianza y de bases compartidas, negar solemnemente ante la opinión pública el uso de unas instalaciones conjuntas mientras, al mismo tiempo, se oculta que al embajador del país aliado se le asegura exactamente lo contrario —algo que solo se conoce cuando el propio aliado lo hace público— constituye un episodio tan singular que termina revelando algo esencial: en política internacional, la palabra de un país vale exactamente lo que valen sus hechos.

A ese episodio se suma otro igualmente revelador. En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, los aliados aprobaron una declaración final consensuada en la que se fija el objetivo de elevar el gasto en defensa y seguridad hasta el cinco por ciento del PIB en el horizonte de 2035. España no bloqueó ese consenso y el documento fue adoptado colectivamente por los países miembros de la Alianza. Sin embargo, inmediatamente después el Gobierno español sostuvo que ese objetivo no obligaba realmente a nuestro país y que España podría cumplir los compromisos de capacidades con un nivel de gasto inferior.

El resultado es una escena políticamente incómoda: un acuerdo colectivo cuyo significado parece variar según quién lo explique. Visto en conjunto, no se trata de episodios aislados, sino de un mismo patrón que se repite con inquietante regularidad: la distancia entre lo que se promete, lo que se firma y lo que después se afirma públicamente.

Y todo ello, además, al margen del Parlamento, que es donde en una democracia deben explicarse y debatirse decisiones de esta naturaleza.

Las formas de hacer política tienen siempre consecuencias, y las de esta trascendencia no suelen recaer sobre quienes las practican, sino sobre quienes ni las conocen ni las deciden: los ciudadanos. Porque cuando un gobierno administra así la palabra de su país, no solo compromete una coyuntura o una operación concreta; erosiona algo mucho más difícil de reconstruir: la confianza que otros habrían de depositar en él. Y cuando esa confianza se pierde, el daño no se mide en titulares ni en días de polémica, sino en años de esfuerzo para recuperar un prestigio que siempre cuesta décadas construir y apenas un instante perder.

Para mayor gravedad de lo sucedido conviene recordar que no es la primera vez que el país defrauda a sus aliados. En ocasiones anteriores, gobiernos socialistas en el poder han preferido, por razones de clientelismo electoral interno, distanciarse o dejar de respaldar compromisos internacionales previamente asumidos por el propio Estado. Ese tipo de decisiones no pasa inadvertido para quienes comparten alianzas, responsabilidades y riesgos. De hecho, no han sido pocas las ocasiones en que países aliados han expresado abiertamente su desaprobación, señalando que un socio que actúa así difícilmente puede ser considerado fiable.

La pérdida de credibilidad ante los aliados naturales no es solo una cuestión diplomática. Cuando una democracia comienza a distanciarse del entorno político al que pertenece, lo que aparece es algo mucho más serio: la soledad estratégica. Y la historia demuestra que esa situación rara vez es inocua. Los países que quedan aislados en los espacios donde se toman las decisiones colectivas terminan inevitablemente más expuestos a las presiones exteriores. España conoce bien ese riesgo. En momentos de debilidad internacional, otros actores supieron aprovechar la ocasión. Basta recordar las circunstancias que rodearon a la Marcha Verde de 1975 para comprender hasta qué punto la fragilidad exterior de un país puede convertirse en un grave problema de seguridad nacional.

En política internacional, las actuaciones electoralistas para consumo interior no son propias de gobiernos serios ni responsables, y rara vez quedan sin consecuencias. En la relación entre países, la credibilidad es un capital muy sólido y, cuando se pierde, el precio suele ser alto y prolongado, incluso imprevisible: habrán de transcurrir años —en ocasiones décadas— de esfuerzo diplomático para recuperar un prestigio que nunca debió ponerse en juego.

Resulta difícil extraer una conclusión distinta: este gobierno no es simplemente un riesgo o un peligro coyuntural para el país; se ha convertido en algo mucho más profundo y corrosivo. Cuando un proceso de degradación política y moral alcanza tal grado de extensión, ya no puede describirse como una simple disfunción del sistema. Se asemeja más bien a una enfermedad que ha ido extendiendo sus metástasis por el organismo institucional y social del país. Y las enfermedades de esa naturaleza solo admiten dos desenlaces: o se erradican por completo o terminan por consumir al propio organismo que las padece.

Sin embargo, pese al ambiente generalizado de corrupción que rodea al partido del Gobierno —que alcanza a dirigentes, ministros y hasta al entorno más próximo del propio presidente—; pese al deterioro ético y moral que han mostrado sus actuaciones; pese al evidente empeoramiento de las condiciones de vida de aquellos sectores sociales a los que dicen representar; pese a la colonización de las instituciones en las que cuentan con mayoría y a sus intentos de controlar o bloquear los contrapesos del Estado; pese a la presión ejercida sobre los medios de comunicación críticos con el propósito de imponer el relato gubernamental; y pese al creciente aislamiento internacional al que están conduciendo al país —circunstancias todas ellas que en otros países, y con situaciones mucho menos graves, han provocado no solo la caída de sus gobiernos, sino que incluso han sido la causa de la desaparición de los partidos que los sostenían—, las encuestas demoscópicas más solventes siguen mostrando un dato sorprendente: aun perdiendo votos y escaños, el partido del Gobierno mantiene todavía una base electoral considerablemente elevada.

Es cierto que esas mismas encuestas indican que la suma de los dos principales partidos de la oposición superaría con claridad la mayoría absoluta. Ignorar ese dato equivaldría a ignorar no solo la realidad política del momento, sino también el mensaje mayoritario de los ciudadanos: el deseo de que ambas fuerzas alcancen un acuerdo sincero y estable que permita abrir una etapa de gobierno reformadora. Un acuerdo de esa naturaleza no solo sería deseable, sino necesario para incorporar a la acción de gobierno los elementos más valiosos de los respectivos programas.

Pero no puede ignorarse la realidad: el comportamiento reciente del partido minoritario de esa oposición —pese a su crecimiento electoral y a las expectativas que genera— está transmitiendo una impresión preocupante. En lugar de actuar como un factor de estabilización y futura gobernabilidad, su actitud en distintas negociaciones territoriales, con frecuencia ha terminado convirtiéndose en un elemento de bloqueo frente a acuerdos que la propia aritmética electoral haría razonables. Y cuando la política comienza a alejarse de los compromisos con los que se solicitó la confianza de los ciudadanos, también ahí la palabra pública empieza a perder su valor.

En política resulta siempre peligroso ignorar el mandato de los ciudadanos. La historia reciente ofrece numerosos ejemplos de partidos que, tras protagonizar largas etapas de influencia y poder, terminaron desapareciendo cuando dejaron de interpretar correctamente ese mandato.

Conviene no olvidar, además, una verdad elemental de la vida democrática: los votos que obtiene cada partido no son patrimonio suyo. Son un préstamo que la nación concede con fecha de vencimiento. Y cuando los ciudadanos depositan esa confianza lo hacen bajo una condición implícita que la tradición política ha formulado desde antiguo: que quienes reciben ese mandato honren la palabra con la que lo solicitaron; y que, si no lo hacen, el pueblo tenga derecho a exigirles cuentas.

Las naciones no se destruyen de un día para otro ni se regeneran sin hacer una dolorosa travesía del desierto. Su deterioro comienza cuando el poder deja de sentirse responsable ante la ley, ante las instituciones y ante la propia nación; y se agrava cuando quienes están llamados a corregir ese rumbo prefieren anteponer los intereses de partido a su deber. Pero la historia también enseña que ningún poder es permanente cuando se aparta de la voluntad de la sociedad a la que dice representar. Antes o después llega el momento en que los ciudadanos recuperan la palabra y exigen cuentas a quienes la administraron en su nombre.

Los pueblos pueden perdonar los errores; lo que rara vez perdonan es el desprecio a su inteligencia y a su confianza. Y cuando las palabras dejan de coincidir con los hechos, la historia suele encargarse de sacar sus propias conclusiones.

Y llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿hay todavía alguien a quien le importe España?

César Valdeolmillos Alonso