La Unión de Consumidores de Almería-UCA/UCE considera que el actual sector financiero tiene un comportamiento antisocial.
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma en número de desahucios. Los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial del pasado semestre resaltaban que en nuestra Comunidad se habían gestionado un total de 3.272 desahucios, lo que colocaba a Andalucía en el segundo puesto de las Comunidades con mayor número de desahucios. Y en este segundo semestre, aún no totalizado, la situación, lejos de moderarse se ha convertido en un reguero de noticias diarias que provoca una importante alarma social. En este contexto, desde la Unión de Consumidores volvemos a resaltar la necesidad de cambiar la legislación actual en materia de ejecuciones hipotecarias y crear instrumentos jurídicos que permitan a las familias la posibilidad de renegociar y adecuar los pagos de sus deudas a los ingresos que tengan durante un periodo de tiempo determinado.
La dura realidad está poniendo de manifiesto cómo, a todas luces, el Código de Buenas Prácticas Bancarias no ha tenido la eficacia que se nos indicaba en tanto que, al ser de carácter voluntario, depende en gran medida de la buena voluntad de las entidades financieras, el aplicarlo o no.
Para más desasosiego, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, vino a simplificar el proceso y los plazos de resolución de los desahucios. Pero, ¿Quién ampara a aquellas personas que, por el indeseable momento de crisis que sufrimos, se encuentran en el otro lado de la balanza? Con el llamado Desahucio Express se está haciendo posible que miles de familias pierdan su vivienda, se queden en la calle y además continúen con una deuda de por vida con el banco.
Para Unión de Consumidores de Almería-UCA/UCE resulta cuanto menos curioso que a nivel jurídico, una vez admitida a trámite la demanda por el Juzgado, se requiera al demandado, llamémosle afectado por empatía hacia él, para que en el plazo de 10 días, repetimos, 10 días, desaloje el inmueble, pague al demandante, enerve la acción de desahucio o bien, comparezca ante el juzgado, y, formulando oposición, alegue las razones por las que crea que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. Diez días son los que legalmente se requieren para poner a una familia en la calle, a lo que hay que añadir el desgaste psicológico que arrastran sus miembros al verse abocados a esta situación.
Muchos son los consejos y recomendaciones que pueden aparecer en distintos medios, sobre todo a través de Internet, pero hay que hacer un análisis crítico de algunos de ellos, puesto que existen casos en los que en vez de alumbrar ante tal desesperanza, pueden ocasionar un perjuicio mayor a las personas que se encuentra en esta tesitura. En este sentido, desde Unión de Consumidores de Almería-UCA/UCE recomendamos en todo momento una previa y necesaria información de las distintas opciones que existen para evitar el desahucio, o bien, si ya es demasiado tarde, poder ganar tiempo para una mejor y eficaz defensa. Lo conveniente sería una predisposición de las entidades financieras a negociar con sus clientes, lo que posibilitaría el poder llegar a un acuerdo con el banco, con condiciones imaginativas nuevas que abarcaran tanto una posible refinanciación, la novación de la deuda o incluso, figuras nuevas como el alquiler; todo siempre antes que llegar al extremo de dejar a una persona o familia en la calle.
A este respecto y aunque rechazado como propio por el Consejo General del Poder Judicial. Que en su momento lo encargó, el informe elaborado por un grupo de magistrados de nuestro país, en su condición de privilegiados espectadores de lo que sucede ha señalado que los procedimientos hipotecarios en España son manifiestamente mejorables considerándolos “muy contundentes y muy agresivos”. En ellos, la parte deudora apenas tiene capacidad de defensa. En su informe los magistrados han hablado de “mala praxis” y han lamentado que no exista un punto de equilibrio que, en estos momentos, permita distribuir las consecuencias de la crisis económica.
La realidad ha puesto de manifiesto que las entidades financieras, frente al usuario, disponen de instrumentos absolutamente privilegiados, que datan de 1909 y que ni siquiera deja margen a los jueces, como sí lo tienen a la hora de valorar las posibilidades y márgenes para el deudor, en cualquier otro tipo de crédito. El citado informe ha denunciado además que las entidades bancarias se están adjudicando las viviendas de los desahuciados por un 60% de su valor.
A estas alturas, y lejos de seguir confiando ya en la fracasada propuesta de solución basada en los Códigos de Buenas Prácticas, para Unión de Consumidores de Almería-UCA/UCE, la creciente cifra de desahucios evidencia la necesidad de importantes cambios en cuanto a la legislación española aplicable en la materia y la creación de nuevos instrumentos jurídicos que sirvan para potenciar los derechos de los ciudadanos que se encuentren en estas situaciones de penuria económica.
En base a ello, solicitamos nuevamente y con carácter urgente la modificación de la legislación hipotecaria con el fin de poner coto a estas desoladoras e injustas situaciones en personas que se ven impedidas de afrontar sus deudas. Una reforma, por ejemplo que otorgue al juez la posibilidad de conceder moratorias en el pago de cuotas en el caso de desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad, así como posibilitar la dación en pago y evitar que la deuda hipotecaria subsista aunque se haya realizado la ejecución hipotecaria.
