Las peticiones de pena por el Caso Poniente se verán reducidas por la atenuante de dilaciones indebidas
Se les piden penas que suman, entre todos los acusados, 1.554 años de cárcel e indemnizaciones que superan los cien millones de euros; pero sean cuales sean las peticiones, se van a ver rebajadas en las sentencias por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, que ya tienen asegurada los 50 acusados y 27 responsables civiles del Caso Poniente.
El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas en un tiempo razonable. Requiere para su concreción, el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional.
La fecha para la celebración del Juicio Oral que, tal y como les anticipaba este diario, se ha fijado para el próximo 4 de noviembre, llega una década después de que se iniciara la denominada ‘Operación Poniente’ y después de haber pasado por retrasos en el procedimiento, cambio de jueces… Esta demora es la que justifica que las condenas se vayan a ver reducidas.
Además, la práctica totalidad de los acusados han anunciado que solicitarán la prescripción de los delitos, peticiones que se formalizarán como cuestión previa al inicio del Juicio Oral.
El auto dictado por la Juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, Társila Martínez, recuerda que se les acusa de los “delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación, societario, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos”.
El que se espera que sea el mayor juicio celebrado hasta ahora en Almería se prolongará, según el Auto dictado, hasta el 16 de julio de 2020.
Hay que recordar que la causa gira en torno a le empresa Elsur, Empresa Mixta de Servicios municipales de El Ejido, de la que el Ayuntamiento poseía el 30% y el resto era propiedad de Abengoa.
