Lista de objetores para discriminar a los médicos por vida
La Ministra de Sanidad propone elaborar listas de objetores de conciencia para señalar a los profesionales que se niegan a practicar abortos. Hace apenas unos días se conocieron los datos de abortos en el 2023 en nuestro país. Con 103.097 niños asesinados en el vientre de su madre, la cifra es la más alta de los últimos 10 años.
A pesar de esto, la ministra de Sanidad se muestra insatisfecha con el número de abortos practicados en los hospitales públicos, donde la mayoría de los médicos son objetores de conciencia. Por ello, están elaborando un protocolo que conseguirá señalar y discriminar a los facultativos profesionales que no estén dispuestos a abortar un niño.
Aún no sabemos cuándo verá la luz, pero sí que las implicaciones para los sanitarios que se nieguen a matar a un ser indefenso pueden ser terribles. ¿Tendrán desventaja frente a sus compañeros a la hora de obtener plaza en una oposición o concurso de traslados? ¿Se verán obligados a trasladarse a otro hospital ante la llegada de alguien que sí esté dispuesto a practicar un aborto?
¡No podemos permitir que perjudiquen laboralmente a aquellos que simplemente están actuando conforme a su conciencia ética y moral! Hay que impedir que Mónica García, Ministra de Sanidad, no prosiga con esta conducta ignominiosa y elabore esta lista que discrimina a los médicos provida y objetores de conciencia.
Según los datos publicados, casi el 94% de los abortos provocados a lo largo del año 2023 fueron a petición de la mujer. 98.850 vidas arrebatadas por capricho, por la irresponsabilidad de un sistema que ha hecho creer a las mujeres que acabar con la vida de su hijo es un mero trámite administrativo sin consecuencias. Las estadísticas también nos informan de lo siguiente: más del 46% de los abortos fueron realizados en mujeres que no utilizaron ningún método anticonceptivo, cuestión esta última de una gran falta de sensibilidad humanística.
Con este escenario, y sabiendo lo que realmente supone un aborto, es normal que los médicos no quieran practicarlos, que decidan hacerse objetores. Sin embargo, parece que la decisión de “qué hacer con el propio cuerpo” sólo aplica en los casos que ellos determinan.
Ellas tienen derecho a matar a su hijo -creen-, pero el médico no puede negarse a ejecutarlo sin que eso repercuta en su trabajo. Sutilmente, van a obligar al personal sanitario a declarar sus creencias, algo que vulnera el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978.
Tampoco tienen miramiento para ignorar el Reglamento 2016/679 de la UE en lo relativo al tratamiento de datos personales. En el fondo, no sé por qué nos sorprende que este gobierno social comunista ponga contra las cuerdas e intente cancelar a todos los que disienten del discurso abortista oficial. Tampoco se nos debería de dejar en el epílogo de la vida laboral en el rescoldo de las tibiezas profesionales a la espera de la ultratumba, como están haciendo, como castigo por divulgar este pensamiento de forma verbal o por escrito. Sea como fuere, no podemos permitirlo.
Rafael Leopoldo AGUILERA MARTÍNEZ
