Los padres de Gabriel piden amparo para evitar informaciones que causen “dolor enorme” e injerencias en el juicio
Los padres del niño de ocho años Gabriel Cruz, cuya muerte violenta enjuicia a partir del lunes un jurado popular en Almería, ha demandado “amparo ante las amenazas que la cita judicial” comporta para sus derechos fundamentales como “víctimas de delitos violentos”, así como respeto a la “memoria” del menor, y de “la intimidad, el honor e integridad de su familia”.
En un escrito “exhaustivamente documentado” y remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, solicitan que se “evite” realizar informaciones relativas a los informes forenses relativos a su hijo “que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos”, así como un uso “responsable” de esta.
Patricia Ramírez y Ángel Cruz piden, asimismo, según ha informado el CAA, que no se produzcan “interferencias” que pudieran “cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías” ya que cabe recordar que será un tribunal del jurado el que dirima la culpabilidad o no culpabilidad de la única procesada por el crimen, Ana Julia Quezada.
Los padres de Gabriel, a quien las acusaciones consideran que Quezada causó lesiones psíquicas y atentó contra su integridad moral por su comportamiento durante los días en los que se prolongó la búsqueda del pequeño en Las Hortichuelas, en Níjar, ha expresado, asimismo, su “preocupación” porque “puedan volver a repetirse” tratamientos “lesivos para con la imagen y memoria” de su hijo como “las que se produjeron tras su desaparición y la detención de su presunta asesina”.
Así, hacen un llamamiento “general” a la contención en el tratamiento informativo y reclaman “de forma expresa” medidas en torno a los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, “así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de la intimidad y de la privacidad”.
En su escrito también esperan que la magistrada presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, “adopte medidas de protección en los contenidos más sensibles”.
Como consecuencia de este escrito, once instituciones han suscrito un pacto ético divulgado en un comunicado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) con “la intención de dar la mejor respuesta posible al amparo solicitado por la familia Cruz Ramírez y de que puedan servir de pauta en situaciones similares futuras”.
El CAA alude a la ‘Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo de las desapariciones’ que editó la fundación en Madrid en torno al caso de Diana Quer y califica de especial interés el conforme elaborado por su Oficina de Defensa de la Audiencia en torno al tratamiento de la desaparición del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, citado expresamente por los padres en su escrito de referencia.
En esta línea, recuerda los comunicados en el mismo sentido de las Asociaciones de jueces, de fecha 26 de agosto, de Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) del 29 del mismo mes, y del Colegio profesional de Periodistas de Andalucía del 28 de agosto.
“La aplicación de este Pacto Ético tiene como objetivo no menoscabar ninguno de los derechos que convergen en el inminente juicio de Almería, y, en cambio, revalidar dos premisas que pasan por que las informaciones no añadan dolor al dolor de la familia de Gabriel y por que no se produzcan interferencias”, ha remarcado el órgano.
Las entidades firmantes han recordado también que se trata de un “esfuerzo colectivo que no debe recaer solo en los medios informativos, sino que afecta al conjunto de la sociedad”, por lo que, según han señalado, el pacto ético es “una llamada a la responsabilidad y solidaridad de la propia comunidad andaluza y de la sociedad española en su conjunto”. Por último, resaltan, asimismo, la necesidad de un juicio abierto y transparente.
Declaraciones a puerta cerrada
La presidenta del tribunal de jurado que enjuicia a partir del lunes a Ana Julia Quezada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en febrero de 2018 en Las Hortichuelas, en Níjar, ha acordado que la declaración testifical de los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, se celebre a puerta cerrada.
En un auto notificado este viernes a las partes y hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada Alejandra Dodero decreta esta restricción también para el interrogatorio de la abuela paterna de Gabriel y una prima del niño, una medida que hace extensiva a la prueba pericial forense que está señalada para el día 16 de septiembre.
La resolución llega después de que la acusación particular haya presentado a la sala un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de la Junta de Andalucía, en relación a la situación psíquica y emocional de los padres y con el que se interesaba que se acordase la celebración del juicio con jurado popular a puerta cerrada.
Cabe recordar que a Ana Julia Quezada se le achaca también la presunta comisión de dos delitos de lesiones psíquicas sobre Patricia Ramírez y a Ángel Cruz, a quienes, según los escritos de las acusaciones, intentó “causar más sufrimiento” durante los días en los que estuvo desaparecido su hijo mientras que el auto de hechos justiciables de la magistrada subraya “su proceder” en los actos de movilización de esos días y el hecho de que la procesada estuviese “integrada en su más íntimo entorno familiar”.
La representación procesal de los padres, ejercida por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres, solicitó “expresamente”, con el informe del SAVA que a la postre ha resultado decisivo, que las sesiones del juicio oral en su totalidad se celebrasen a puerta cerrada. Subsidiariamente, interesaban, también a recomendación del SAVA, que la falta de publicidad afectase al testimonio en sala de Patricia Ramírez y Ángel Cruz.
La magistrada rechaza la pretensión principal que podría llevar a la nulidad ya que, según remarca, el hecho de que el juicio se celebre a puerta cerrada “no evitará que se deje de hablar y tratar el triste suceso, que ya desde el principio tuvo una gran trascendencia mediática, ya de “forma voluntaria, ya involuntaria”.
Admite, no obstante, la “necesidad de proteger determinados intereses”, en la misma línea que ha expresado el Ministerio Fiscal, que al darle traslado de la petición de la acusación, ha respaldado las restricciones acordadas.
La resolución recoge parcialmente el contenido del informe del SAVA, que advierte del estado de “victimización secundaria” de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el “uso desmedido de la mediatización del caso” y remarca que se ha generado “un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia”.
Añade que el hecho de que el juicio sea público y “grabado” generaría “una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma”.
Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la “victimización secundaria sufrida” por Ángel Cruz y Patricia Ramírez “se vera sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor”.
“Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada”, concluye la magistrada para atender la solicitud de las acusaciones personas en la causa.
Seguridad durante el juicio
Un total de 42 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad en el juicio con jurado que comienza el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Almería contra Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen del niño Gabriel Cruz en febrero del pasado año en Las Hortichuelas de Níjar (Almería), para el que se han acreditado cerca de 150 periodistas de 35 medios de comunicación y programas televisivos.
Fuentes policiales han indicado a Europa Press que durante las dos semanas en las que se desarrolla la vista, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia de Almería y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil.
Los agentes de Policía Nacional de Almería estarán previstos de tres furgones y se ocuparán también de escoltar a la acusada en sus traslados diarios desde el centro penitenciario de El Acebuche a la Audiencia Provincial. Además, se contará con agentes de Policía Local, en caso de que sea preciso regular el tráfico en las vías que rodean el acceso a la sede judicial.
Durante las últimas semanas se han llevado a cabo varias reuniones de coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los operadores judiciales para garantizar la seguridad y el proceso judicial, que se espera especialmente mediático ante la trascendencia del caso.
