Más de 28.000 familias almerienses sufrirán la pérdida de la paga extra por el nuevo “recorte” de la Junta de Andalucía
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia que más de 28.000 familias de la provincia se verán afectadas por los recortes impuestos por la Junta de Andalucía, con la eliminación de los complementos autonómicos de las pagas extraordinaria de 2014. Esto se traduce, según el sindicato, en que dichas familias dejarán de percibir una media de entre 300 euros, para las categorías profesionales inferiores, y 800 euros, para las categorías superiores, a lo largo del próximo año.
Para CSIF, este hecho supone un nuevo ataque desproporcionado, arbitrario y, sobre todo, discriminatorio. Por ello, el sindicato en su concentración de hoy a las puertas de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, ha querido representar a través de las banderas autonómicas el trato desigual que están recibiendo los empleados públicos de la Junta de Andalucía con respecto al resto de comunidades autónomas, con una bandera andaluza llena de recortes y parches. “Somos los empleados públicos más agraviados de la geografía española, puesto que estamos soportando los recortes del anterior Gobierno andaluz, del Ejecutivo Central de Zapatero y también de Rajoy y de nuevo de la Junta de Andalucía. En los últimos cuatro años se ha perdido un 40 por ciento de poder adquisitivo, hecho que hace se frene el consumo y, por tanto, que se resienta aún más la economía andaluza”, ha señalado Juan Fernández Cabezas, vicepresidente de CSIF Almería.
En esta línea, CSIF ha señalado que esta nueva campaña de denuncia no quedará sólo en concentraciones y movilizaciones en la calle, sino que se han solicitado reuniones de urgencia con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administraciones Publicas así como con los tres grupos parlamentarios.
Con todo, el sindicato ha remarcado la infinidad de posibilidades que tiene la Junta de Andalucía para ahorrar los casi 350 millones de euros que pretende “robarles” a los empleados públicos con esta medida. “Seguimos sin ver recortes en coches oficiales, sueldos de parlamentarios, número de altos cargos o reducciones en sus elevados salarios. Sin embargo parece ser que los empleados públicos somos la hucha de la Administración, no podemos seguir soportando el peso de una crisis que no hemos generado”, matiza Fernández Cabezas.
Asimismo, CSIF, a través de su Asesoría Jurídica, ha iniciado todas las medidas y acciones legales oportunas contra el nuevo recorte. Y también ha iniciado una campaña de recogida de firmas por los centros de trabajo contra esta medida, que serán presentadas en el mes de diciembre en el Parlamento andaluz.
