Pío Aguirre: “La crisis ha hecho que muchos jóvenes se hayan quedado en tierra de nadie”
Pío Aguirre Zamorano señalaba esta tarde en el curso sobre “El menor ante la ordenación jurídica” que entre un 3 y un 5% de los adolescentes españoles padece trastornos serios que requieren atención psicológica. El porcentaje es mucho mayor cuando se habla de trastornos de conducta en general, ya que según este magistrado –que también es vocal del Consejo General del Poder Judicial- la mayor parte de los jóvenes presenta, en algún momento de la adolescencia, distintos problemas de conducta, aunque solo en un pequeño porcentaje estos problemas terminan derivando en situaciones de dificultad social.
Para este magistrado, una de las situaciones más preocupantes que se da en la actualidad –relacionada directamente con la crisis económica- es la que afecta a jóvenes que ahora tienen en torno a 20 años y que dejaron de estudiar en su momento cuando tenían 13 ó 14 para ponerse a trabajar, la mayor parte de ellos en el sector de la construcción. “La crisis ha hecho que ahora, sin trabajo y en una edad difícil para volver a estudiar, muchos jóvenes se encuentren en una especie de “tierra de nadie”, una situación muy problemática y que genera grandes dificultades sociales”, afirmaba Aguirre Zamorano.
Este magistrado ha sido el primero en intervenir en el curso de otoño que aborda la situación judicial de los menores, con especial atención a la discapacidad y que dirige el catedrático de Derecho Civil de la UAL, Ramón Herrera. Los temas que se van a abordar en este curso van desde los menores en situación de desamparo, qué se hace con el patrimonio de las personas que son incapacitadas legalmente, qué ocurre con la custodia compartida o la justicia penal juvenil y la política criminal.
Decía Herrera esta tarde que la crisis también está afectando directamente a muchos de estos asuntos y ponía como ejemplo que cuando se cierre el ejercicio de 2012 se comprobará cómo ha descendido el número de divorcios en nuestro país, que el año pasado ascendió a 121.500. “La gente quiere evitarse gastos y problemas con las custodias y las pensiones. Estamos seguros que el número de divorcios va a bajar, aunque eso no significa que disminuyan los problemas en las parejas”, destacaba.
