Por la despolitización e independencia judicial

Hemos llegado una situación en relación con el Poder Judicial, que cualquier paso a dar no puede concretarse en otro sutil paso involucionista, que suponga un intervencionismo de los otros poderes del Estado en la configuración orgánica de quienes integren el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el Artículo 122 de la Constitución española de 1978.

Por ello, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el testimonio de apoyo a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que de forma pública y concreta manifiestan con buen criterio doctrinal jurídico las siguientes cuestiones de interés para la resolución del problema político auspiciado por un poder Ejecutivo en manos del independentismo secesionista y de una ideología sectaria populista, que pretenden fagotizar con normas alegales y la aquiescencia de sus servidumbres institucionales todo suspiro e impronta del Estado de Derecho:

• Elección democrática por los jueces de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: jueces decanos, presidentes de audiencias y de tribunales superiores de justicia, salas de gobierno así como de los doce vocales de procedencia judicial de los veinte que integran el CGPJ.
• Mantenimiento en poder de los jueces de las funciones estrictamente jurisdiccionales que le asigna la Constitución, lo que exige su nítida delimitación de las funciones legalmente atribuidas a los secretarios judiciales y la conservación por aquellos de la instrucción penal en tanto el Ministerio Fiscal siga dependiendo jerárquicamente del poder ejecutivo.
• Elaboración de una nueva planta judicial conforme a la media europea de 20 jueces/ 100.000 habitantes, superando así la proporción de 10/100.000 que aún existe en España.-
• Inversión en justicia conforme a la media europea del 3,5% del presupuesto, superando el actual 1/% en que se encuentra nuestro país.
• Consecución para los jueces de una carga de trabajo que, al ser humanamente asumible y conciliable con su vida personal y familiar, les permita resolver los asuntos con la independencia, prontitud y calidad que los ciudadanos merecen, alejada, por tanto, de cualquier módulo retributivo de carácter productivista .
• Aprobación de un nuevo estatuto judicial en el que desaparezca la discriminatoria situación de los jueces en materias como derechos y beneficios sociales, prevención de riesgos laborales y condiciones de jubilación y en el que, para la debida salvaguarda de su independencia, se incorpore una reforma de su régimen disciplinario que termine con su actual estatus de inseguridad jurídica y régimen de responsabilidad cuasi objetiva.
• Establecimiento por ley de un sistema retributivo de los jueces y magistrados que contribuya a garantizar su independencia desde la vertiente económica, de modo que su adecuada remuneración como poder del Estado no quede sujeta al arbitrio de cada gobierno de turno.

Aunque, estamos hartos de escucharlo y oírlo en estos últimos años de elevadas tribulaciones políticas desconcertantes y esquizofrénicas interesadas en la ruptura de la España constitucional, no podemos obviar, incluso desde que nos ha llegado un moderador de la Unión Europea, que la independencia judicial y la separación de poderes son elementos esenciales en un modelo democrático sí queremos seguir avanzando, incluso en el propio Estado del Bienestar Social.

Cualquier amenaza expresa o tácita a los principios y valores recogidos en capítulo Preliminar de la Constitución, afecta y están afectando gravemente a la democracia misma, sino evitamos las ignominiosas actuaciones del influyente y mediático staff político ejecutivo del control de la justicia y atisbo de corrupción jurídica.

En conclusión, con humildad me sumo como operador jurídico al objetivo de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial de luchar por mejorar el estado de la Administración de Justicia y garantizar su plena independencia eliminando cualquier atisbo de politización dentro del Poder Judicial.

Rafael Leopoldo AGUILERA MARTÍNEZ