María Jesús Serrano: “La demolición de El Algarrobico se hará cuando haya plena seguridad jurídica”
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha querido dejar claro este jueves que, pese a que la Junta va a formalizar la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de El Algarrobico ejerciendo así el derecho de retracto que realizó en 2006 por valor de 2,3 millones sobre diversas fincas de este paraje natural, la demolición de “esta monstruosidad que nunca se debió construir” no se hará hasta “que haya plena seguridad jurídica” de que puede hacerse legalmente.
Así lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, en la que Serrano ha defendido que esta “apuesta arriesgada y valiente” de la Junta de Andalucía se toma ahora “porque tras la sentencia del TSJA de la semana pasada donde se declaraba la validez de la licencia de obra (del hotel), el escenario ha cambiado completamente” y cabía la posibilidad de que la empresa Azata del Sol continuara la construcción, paralizada desde 2006.
La consejera ha asegurado que esta última sentencia del TSJA, que declara conforme a derecho a licencia municipal de obras concedida en 2003 para la construcción de este complejo hotelero, no la “comparte ni la comprende” el Gobierno andaluz y que por ello, y ante el “temor” de que pudieran retomarse las obras, se ha decidido “formalizar el derecho de retracto que ya se hizo en 2006”.
Esta decisión, según ha esgrimido Serrano, permite “que el terreno sea de titularidad pública de la Junta desde el punto de vista formal” y tiene “como último fin la demolición del hotel y como inmediato que no puedan entrar las máquinas y hacer una transformación o un uso de un suelo que aún no se sabe si es urbano, o urbanizable o no urbanizable por la contradicción de las sentencias” que hasta la fecha se han emitido por parte de los tribunales, que “no se aclaran”.
“Mientras el TSJA en el año 2012 decía que el suelo era no urbanizable y de especial protección y ordenaba a la Junta a elevar la protección, luego el mismo tribunal y la misma sala aunque distinta sección, dijo que era urbanizable”, ha explicado Serrano sobre el “enredo jurídico de recursos y sentencias” sobre este caso en el que “incluso los mismos tribunales se contradicen”.
De ahí que la Junta, “desde el respeto más profundo a los tribunales pero con la convicción de que necesitamos salvaguardar el medioambiente”, haya decidido formalizar este derecho de retracto con la “voluntad clara de restablecer” una legalidad urbanística que entiende que “allí está alterada”, ha argumentado Serrano.
Todo ello, ha insistido, para “no ceder ni un ápice a la especulación” y para no “volver a caer en errores del pasado”, unos errores en los que, según ha reconocido la consejera, también cayó la Junta de Andalucía junto a otras administraciones y que, desde 2006, el Gobierno andaluz intenta reparar con una “apuesta clara por recuperar medioambientalmente la zona”, algo que se pretende hacer “con un plan de dinamización” en todo el paraje que se presentará “en breve”.
Cuestionada sobre las voces que piden el término de las obras del hotel y la puesta en marcha del mismo para generar empleo en la zona, la consejera ha dicho que “entiende” a los vecinos porque hay muchas familias “que lo están pasando francamente mal” pero ha criticado a los alcaldes de los municipios colindantes a este paraje natural por utilizar “discursos localistas” que, a su juicio, no miran por las generaciones futuras ni por un desarrollo sostenible.
Por ello, Serrano ha asegurado que la Junta de Andalucía se va a afanar en explicarles detenidamente el plan de dinamización que tienen previsto desarrollar en el entorno de Carboneras y proponerles otros proyectos que generen empleo pero de forma respetuosa con el medioambiente.
Es el caso, según ha recordado, del proyecto anunciado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que “Endesa va a invertir 200 millones de euros en una planta para reducir las emisiones de CO2 en la central térmica de Carboneras, que generará 500 empleos y reducirá en un 50 por ciento las emisiones actuales de CO2”.
Tres preguntas que debe responder aún el Supremo sobre el Algarrobico
El galimatías jurídico en que se ha convertido el caso Algarrobico deberá ser resuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que en el futuro tendrá que pronunciarse sobre tres recursos clave en torno al polémico edificio de 21 plantas y 411 habitaciones construido por Azata del Sol en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que fue paralizado por orden judicial en 2006 cuando estaba prácticamente construido.
El juez argumentó para parar las obras que el hotel se había construido en zona protegida del parque y que además invadía la servidumbre de protección fijada por la Ley de Costas, que es de 100 metros, pese a lo cual había recibido los parabienes de todas las administraciones, sobre todo del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, que impulsaron, apoyaron, dieron luz verde y subvencionaron el proyecto.
Después de la paralización, todas las sentencias judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Nacional y el propio Supremo habían seguido hasta este año una línea firme que apuntaba a la clara ilegalidad del hotel, al estimar que se había edificado en un terreno protegido y no urbanizable y que invadía la protección de Costas.
Sin embargo, coincidiendo con el hecho de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha asumido el caso -hasta ahora entendía sobre asuntos de Medio Ambiente la Sección Primera- todo ha cambiado este año de forma tan radical que en Almería ha pasado de hablarse de la demolición del hotel a preguntarse cuándo se abrirá.
Lo que dice el TSJA
Y es que la Sección Tercera ha declarado en pocos meses que el suelo del hotel es urbanizable, pese a que el propio TSJA dictó una sentencia en 2012 que decía todo lo contrario, que era no urbanizable y de especial protección. Y a continuación, la misma sección ha decidido que la licencia de obras concedida al hotel es legal.
Estas sentencias han motivado una fuerte presión de Izquierda Unida y los grupos ecologistas para que la Junta de Andalucía inscribiera como público de una vez por todas el terreno del hotel, una vez que el propio TSJA dio validez en octubre de 2013 al derecho de retracto ejercido por la Administración andaluza en 2006, con la intención, por aquel entonces de Manuel Chaves, de demoler el edificio.
De ahí a que la Junta haya decidido ahora, diez meses después, a inscribir los terrenos, con lo que, de momento, impediría a los propietarios del hotel concluir las obras, un deseo que ya ha expresado Azata del Sol tras los últimos fallos favorables a sus intereses.
El Tribunal Supremo
Todo este galimatías deberá resolverse ahora en el Supremo, que tendrá que decidir, en primer lugar, sobre el recurso presentado por Greenpeace contra la última sentencia del TSJA que hizo urbanizable el suelo. El Alto Tribunal tendrá que dirimir qué sentencia prevalece, si esta última de la Sección Tercera o la dictada en 2012 por la Primera. Será una decisión fundamental.
También fundamental será el fallo del Supremo sobre el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra la reciente sentencia del TSJA que valida la licencia de obras. Será la última instancia y por tanto también determinará el futuro del edificio.
Y finalmente, para complicar aún más la cosa, el TS tendrá que resolver sobre los recursos presentados por Azata del Sol contra las dos sentencias del TSJA que decidieron que el retracto ejercido por la Junta sobre los terrenos en 2006 fue ajustado a derecho. De momento, la tercera sentencia dictada por el TSJA sobre este asunto, la que resolvió sobre el recurso del Ayuntamiento de Carboneras, es firme porque el Consistorio no recurrió al TS. De ahí a que de momento el terreno pueda ser inscrito por la Administración autonómica como público.
Y si…
Pero si el Supremo, emulando a la Sección Tercera del TSJA, diese ahora la razón a los recursos de Azata del Sol y acordara que el retracto no fue ajustado a derecho, el galimatías del Algarrobico daría una vuelta de tuerca más, por mucho que parezca imposible, de forma que habría que devolver el suelo a los propietarios del hotel.
En cualquier caso, una vez que la Junta de Andalucía inscriba como público el suelo conseguirá algo fundamental para sus presuntos intereses: la empresa no podrá dar un solo paso para concluir las obras y abrir el hotel, que es, todavía, su objetivo.
