Sindicatos denuncian la privatización de servicios en la Universidad de Almería
Los sindicatos CSIF, CCOO, CGT y UGT, la agrupación findual, así como los órganos de representación de los trabajadores, se oponen frontalmente al proyecto de privatización de Servicios Administrativos y Docentes que a través de la Normativa Interna de Encomienda de Gestión pretende realizar la Universidad de Almería.
Así, el próximo día 30 de julio, el Rector de la Universidad de Almería llevará a Consejo de Gobierno un punto del orden del día relativo a la ‘Normativa interna de la UAL reguladora de las encomiendas de gestión’. Dicha encomienda es un instrumento de prestación de servicios reconocido normativamente que permite que una Administración Pública pueda transferir la gestión de servicios a otras Administraciones o entidades siempre de derecho público. Por ello, permite una gran discrecionalidad en su utilización, en atención a la naturaleza “interna”.
La principal característica de las encomiendas es su carácter directo, es decir, su sustracción de los procedimientos de licitación pública, y por tanto el no estar sometidas a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, que de acuerdo con la normativa de Contratos Públicos debe regir para cualquier prestación de Servicios Externos. Por tal motivo, para evitar que la encomienda de gestión escape a los controles de legalidad establecidos en la legislación de contratación pública, la legislación determina que la encomienda de gestión no podrá usarse cuando pretenda realizar sobre una entidad de derecho privado. Sin embargo, la Universidad de Almería pretende ahora aprobar una normativa de encomienda de gestión que recaería directamente sobre una Fundación privada, la “Fundación Mediterránea”.
El recurso a las encomiendas, supone condiciones menos ventajosas para las Administraciones y para los administrados que las que se derivarían de una licitación pública, tales como pérdida del control de la legalidad, disminución de la concurrencia, falta de transparencia en la elección del prestatario, indefensión de los usuarios de los servicios.
Con esta práctica se sustrae a la contratación pública la prestación de determinados servicios y luego se otorga a determinadas entidades, sin observancia de los principios de publicidad y transparencia. Además, con estas prácticas se producirá una deriva hacia el sector privado en la prestación de Servicios Públicos Universitarios, escapando al control de la administración pública y provocando la mercantilización de los mismos y restando importancia a la calidad y garantía de legalidad del servicio prestado por los Empleados Públicos.
Esas encomiendas, lo que en definitiva significan, es un rodeo a las normas administrativas que son las que deben regir la actuación pública para usar las más cómodas y flexibles del derecho privado.
Los sindicatos y órganos de representación, consideran que este proceso tendrá efectos nefastos para la Universidad, para todos los usuarios de sus servicios y para sus trabajadoras/es. Es un despropósito que servicios públicos punteros, con un gran reconocimiento, incluso con carácter internacional, rentables, y certificados con los máximos estándares de calidad pasen a ser gestionados por entidades privadas. Allí donde había funcionarios y personal contratado directamente por la administración, paulatinamente serán trasladados a otras funciones y servicios y, con la recurrida y manida excusa del “no tenemos medios suficientes”, abrirán la puerta a la privatización de los servicios bajo el eufemismo de la externalización, transformando empleo estable y de calidad en todo lo contrario, empleo precario y sin garantías.
