SORBAS.- Ayuntamiento pide abogado de oficio para el juicio al alcalde por presunta prevaricación
El Ayuntamiento de Sorbas (Almería) ha solicitado que se le asigne un abogado del turno de oficio para defender sus intereses en la vista oral que se ha de celebrar en el Juzgado de lo Penal número 3 contra, entre otros, el alcalde y diputado provincial, José Fernández (PP), por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, dispuso que se requiriera al Consistorio y a la mercantil implicada en los hechos, Manzana Homes SL, para depositar fianza como responsable civil subsidiario a fin de asegurar las que se pudieran derivar de la causa en caso de los acusados se declarasen insolventes.
La petición se remitió por el órgano que ha de enjuiciar la causa al juzgado instructor que, en un providencia dictada el día 27 y consultada por Europa Press, acuerda remitir una comunicación al Colegio Oficial de Abogados de Almería en la que interesa el nombramiento de un abogado y un procurador del turno de oficio para el Ayuntamiento sorbeño.
El regidor se enfrenta a una petición fiscal de dos años y seis meses de prisión y un total de 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar presuntamente, entre otras, la construcción de una promoción de ocho viviendas unifamiliares sobre suelo calificado como no urbanizable en la pedanía de La Mela.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería dispuso, asimismo, en su auto de apertura de juicio oral la imposición de una fianza de 48.000 euros a Fernández, al que se acusa junto a los concejales del equipo de gobierno José Martínez y José Ramos y la exedil Ana Idañez, para quienes el Ministerio Público solicita 15 meses de cárcel además de nueve años de inhabilitación.
Estos acusados junto a Fernández Amador concedieron por unanimidad en junta de gobierno celebrada en julio de 2005 licencia municipal de obras a la mercantil Manzana Homes SL, de la que eran administradores los también acusados David M. y Spencer H.J.F., para construir ocho viviendas unifamiliares aisladas en la pedanía de La Mela.
Según consta en el escrito de calificación, los cargos públicos autorizaron la obra “pese a conocer” que se promovía en suelo no urbanizable y sin que en el expediente administrativo constase el “preceptivo informe jurídico”, por lo que, ahonda, “prescindieron totalmente del procedimiento legalmente establecido” al adoptar una resolución que sabían “contraria a la legislación urbanística vigente”.
El citado expediente administrativo fue tramitado por el arquitecto técnico municipal Pablo Antonio L.G., quien emitió informe favorable “a sabiendas de su ilegalidad” y, con posterioridad, concretamente en 2006, también dio visto bueno para que se concediese la licencia de segregación que solicitaron los promotores para la finca aunque “conocía” que era “ilegal” ya que supone “una parcelación urbanística en terreno rústico”.
La Fiscalía considera a este funcionario, a quien el juez ha impuesto fianza de 48.000 euros, autor de delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación, por lo que interesa para él la misma pena de cárcel e inhabilitación que para el alcalde sorbeño, que, según relata en su escrito de acusación, autorizó la segregación “prescindiendo de manera absoluta del procedimiento legalmente establecido” y lo hizo, además, “de forma totalmente arbitraria” ya que decidió que alrededor de una cuarta parte de la finca fuese urbanizable y el resto permaneciera como rústica.
La obra promovida por la mercantil ‘Manzana Homes’, que fue paralizada por orden judicial en febrero de 2007 con suspensión de licencia municipal, ha llevado a juicio, asimismo, al arquitecto que diseño el proyecto, Lucas Carlos C.M. y al director técnico, Pedro C.F., que se enfrentan penas de 15 meses de prisión, dos años de inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la construcción y multa de 24 meses a razón de 12 euros al día por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
David M. y Spencer H.J.F. están acusados del mismo delito y enfrentan las mismas penas que el arquitecto y el director técnico y, al igual que ellos, han tenido que satisfacer fianzas de entre 11.520 y 24.000 euros para responder a responsabilidades pecuniarias ya que la empresa de la que eran administradores realizó contratos de compraventa de viviendas, para las que se pide demolición, pese a que tan sólo se terminó de construir una de estas sobre una finca rústica que el fiscal define como “un trozo de tierra de secano” de 8.936 metros cuadrados de extensión.
