Tribunales.- El alcalde de Oria enfrenta una inhabilitación acusado de impedir a la secretaria ocupar el cargo
El alcalde de Oria (Almería), Marcos Reche (PP), ha acudido este martes a la vista oral celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería en la que la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación para el cargo por un presunto delito continuado de prevaricación por haber impedido a la secretaria municipal designada en el cargo ocupar el puesto a pesar de los distintos requerimientos.
El fiscal ha elevado a definitiva su petición en la que ha eximido al regidor de responsabilidad civil, al entenderse que se han abonado a la afectada los salarios dejados de percibir en relación a otro procedimiento efectuado en el ámbito contencioso-administrativo, pero sin dejar de solicitar su inhabilitación al considerarlo autor “por omisión” de los cargos que se le imputan al no haber actuado para que la secretaria tomara posesión de su cargo.
Para el Ministerio Público ha quedado acreditado que el alcalde no permitió a la secretaria municipal acceder al puesto para el que había sido designada el 9 de mayo de 2013 por parte de la Dirección General de la Administración Local. Así, aunque la Fiscalía mantiene que el alcalde conocía dicho nombramiento y actuó “al margen del ordenamiento”, el primer edil ha rechazado dicha afirmación.
En este sentido, el primer edil ha reconocido que el 17 de mayo del mismo año se celebró un pleno en el que se rechazó la incorporación de la secretaria como respuesta a las alegaciones de la Junta y no a una resolución definitiva, que “coincidió” en el tiempo.
Esta decisión municipal se adoptó, por un lado, porque el Ayuntamiento ya contaba con un secretario accidental y, por otro, por la mala situación económica del Consistorio, que tenía una deuda de más de 2,5 millones de euros y adeudaba cuatro meses en nóminas, según ha explicado el primer edil y los concejales que han prestado declaración como testigos.
Aún así, el alcalde ha reconocido que tuvo conocimiento “dos o tres días” después del pleno de la notificación oficial del nombramiento. No obstante, también recibió un burofax remitido por la interesada, quien además se presentó con un notario en el Ayuntamiento el 30 de mayo para dejar constancia de los hechos, como por los requerimientos remitidos por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Almería, que le apercibió de un posible delito de prevaricación.
A pesar de tener constancia de un nombramiento oficial, el alcalde ha indicado que no se llegó a producir la toma de posesión porque el asunto se había judicializado en el ámbito contencioso, aunque ha eludido responder si dicho procedimiento suspendía el nombramiento de la secretaria. “Nosotros ya esperamos a la resolución del procedimiento”, ha explicado Reche, quien ha asegurado que la situación económica del Ayuntamiento era “caótica” y, por tanto, no se podía asumir un nuevo nombramiento.
Ante esto, la Fiscalía considera que el alcalde hizo “prevalecer” su “propia voluntad” sobre los intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados, entre ellos los de la perjudicada quien ha afirmado que el alcalde le “daba largas” a la toma de posesión.
La propia afectada ha reconocido, no obstante, que ha recibido ya dos pagos de unos 15.000 y 8.000 euros relativos a la indemnización de 29.522 euros brutos reconocidos por los servicios que debió prestar y que realizó el funcionario del grupo A2 nombrado en 2007 quien, según su declaración, solo percibió su salario conforme a su puesto y no como secretario.
El juicio, en el que la defensa ha solicitado la libre absolución del alcalde mientras que la acusación particular ha pedido la nulidad de las actuaciones y, subsidiariamente, una condena no solo por prevaricación sino también por una posible malversación, ha quedado visto para sentencia.
