25M.- Izquierda Unida aboga por un modelo de justicia como servicio público garantizado a nivel de la Unión Europea

“En el penúltimo día de campaña electoral, en una provincia como Almería no podíamos dejar de hablar de nuestras propuestas e iniciativas con respecto a la justicia y combatir el fraude y la corrupción”, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa la coordinadora provincial de Izquierda Unida en la provincia, Rosalía Martín, quien ha comparecido ante la prensa frente al Palacio de Justicia junto al responsable de la vicepresidencia de la Junta en Almería, Rafael Salazar, y Enrique Santiago, secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida y el abogado que presentó la querella contra Bárcenas.

Martín destacó que IU aboga por “crear un organismo europeo autónomo dependiente de un tribunal europeo que investigue la corrupción y limite los fraudes y el uso indebido de los fondos europeos que llegan a las distintas administraciones, un asunto que hoy está en auge y ocupa titulares diarios en cada ciudad. Desde Europa también combatiremos la corrupción, y recordamos que también es corrupción imponer tratados y reformas para desmantelar lo público, quitar derechos y desmantelar sectores estratégicos como la agricultura o la pesca y entregarlos a los oligopolios. Y es corrupción rescatar a los bancos y enviar a las personas a la miseria y la exclusión social”.

Sobre la provincia de Almería, la coordinadora de IULVCA recordó que esta formación ha pedido a Enrique Santiago, quien presentó la querella contra Bárcenas por su presunta trama de corrupción junto al PP, que analice la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía en torno al caso de las facturas de Hispano Almería y los posibles pagos al PP para ver si se puede presentar una separata al respecto. Asimismo, Martín ha informado que durante el día de hoy, Santiago mantendrá un encuentro con representantes de IU en ayuntamiento posiblemente implicados en esa trama, como Níjar, Almería o Roquetas de Mar y la propia Diputación Provincial de Almería “para profundizar en la iniciativa desde el punto de vista judicial”.

Por su parte, Enrique Santiago se refirió a la “posible financiación irregular del PP en Almería” porque “en la última comparecencia de Bárcenas en la Audiencia  Nacional afirmó que en todas las provincias de España el PP manejaba una contabilidad B y se nutría de ingresos irregulares contrarios a la ley de financiación de partidos políticos y mostró que era un sistema consolidado desde hacía varias décadas”.

Frente a esto IU considera que la corrupción “es una de las causas esenciales de la crisis económica, tanto por el dinero que se ha despilfarrado como por la impunidad con que se ha hecho. En este sentido recordó que “16 meses después de que IU y otros colectivos interpusieran la querella contra Bárcenas y otros dirigentes del PP así como varios empresarios, aún la Fiscalía general del Estado no ha formulado una denuncia. Esa es la mayor muestra de la connivencia entre el actual gobierno y la corrupción”.

Para IU es importante “dejar claro que si logramos tener mayoría suficiente en el  Parlamento europeo, una de las primeras medidas que impulsaremos será poner en marcha una agencia anti corrupción, pero para que funcione es fundamental reformar el papel del tribunal de justicia de las comunidades europeas, que actualmente está demasiado desvinculado de los ciudadanos. Queremos que se garantice el acceso directo de los ciudadanos a la justicia europea y puedan denunciar”.

Izquierda Unida propone además en materia de Justicia la ggarantía de acceso gratuito a todas las personas que viven en la UE, incluyendo todas las instancias judiciales. En ningún caso podrá generarse indefensión por falta de recursos. Derogar las reformas que recortan derechos bajo la retórica de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Derogar las “listas de terroristas” de la UE (Nelson Mandela estuvo incluido en la lista de terroristas hasta el año 2000). Rechazo de la doctrina del Tribunal Europeo del “principio de país de origen”: la aplicación de la legislación del país del empresario y no del trabajador. Protección del principio de justicia universal a nivel europeo.