ÁREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Atendiendo a una de las clasificaciones que los organismos públicos otorgan a sus presupuestos, “Clasificación por programas o funcional”, que es aquella capaz de discernir los créditos presupuestarios en relación a la función que la administración ha de cumplir, vamos a indagar y profundizar en sus rúbricas más copiosas, las populares prestaciones de carácter contributivo y asistencial, orquestadas por la Seguridad Social.

Este gasto, o transferencia social, amparado bajo las premisas de solidaridad (intergeneracional e interterritorial), contributividad, universalidad, equidad, suficiencia de prestaciones y unidad de caja, las cuales convergen ante el fin último de redistribución de la riqueza, brotan del artículo cuadragésimo primero de nuestra Constitución, quien proclama, de un modo firme y contundente, que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Este flujo de ayuda universal, que se articula en dos tipos de prestaciones; dinerarias (pensiones, subsidios, indemnizaciones y otras) y, en especie (asistencia sanitaria, prestación farmacéutica y servicios sociales), se halla larvado en una lúgubre situación de quebranto, ya que se declara incapaz de sufragar el montante insertado en el presente epígrafe, de hecho, en 2011, ascendían, únicamente las prestaciones pecuniarias, a 163 millardos. Cabe apuntar, que dicha cuantía desemboca principalmente en dos vertientes, las pensiones, financiadas con unos 112.000 millones de euros (en 2011) y, las prestaciones por desempleo, aproximadamente 30.000 millones de nuestra moneda funcional. Dicho lo cual, es preciso matizar que entre los dos grandes bloques en los que se segrega el retorno de tesorería del erario público, pago de pensiones y prestaciones por desempleo (incluidas las de subsidio), existe una diferencia perfectamente abismal, ya que las primeras, presentan una problemática exponencialmente infinita, cuya naturaleza reside en un desajuste demográfico, las segundas, por contra, van de la mano del terrible contexto coyuntural, las tasas de paro son desproporcionadas y no se atisba un profundo cambio de tendencia a corto plazo.

Con respecto a las pensiones, tema candente donde los haya, son muchas las argucias gestadas y dirigidas al segmento profano, empapadas de turbia retórica y, empleadas para gobernar a cuatro años vista, pero lo cierto, es que hemos de remodelar el sistema que nos ahoga. Extrapolando la casuística que nos concierne al resto del globo terráqueo, encontramos modelos alternativos para regir la perversa situación.

La opción más idónea parece, a priori, la de forjar un sistema de cuentas nocionales, basado, al igual que el actual, en el axioma de solidaridad intergeneracional, pero con algunas diferencias, verbigracia, pasaríamos de un sistema de prestación definida a uno de aportación definida. Además, este sistema es más cristalino que el actual, no obstante, mantiene vigente el problema demográfico, por eso, algunos países, como Suecia, han elaborado un modelo híbrido, en su caso, su sistema se desglosa en una parte similar a la expuesta previamente y otra de capitalización, como la que podemos encontrar en el caso chileno, aunque esto último es bastante delicado, al entrar el sector privado en una faceta del sistema que, por definición, no debe ser objeto de lucro económico, por este motivo, el sector público, ha de ser garante de unos estándares mínimos de calidad en términos sociales.

-José Cristian Callejón Villalobos-

-Estudiante de 3º de Finanzas y Contabilidad-