CARBONERAS.- Ordenan practicar nuevas diligencias por presunto delito electoral contra exalcalde de Carboneras
La juez instructora del procedimiento por presunto delito electoral contra el exalcalde de Carboneras (Almería) Francisco Ruiz Aguado, tres exediles socialistas y un empresario del municipio ha ordenado que se investigue la titularidad y la filiación de los números de teléfono que figuran en el atestado de la Policía Judicial como los presuntos beneficiarios de los “favores” que el exregidor, según los indicios, prometía a cambio de voto tales como mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e “incentivos” en forma de subvención o de pago de la factura de la luz.
Ruiz Aguado, quien ejerció como primer edil en el año 2007 después de que el exalcalde Cristóbal Fernández renunciase al cargo para cumplir una condena de inhabilitación por otro delito electoral, fue imputado tras la declaración de un testigo presencial que, al parecer, le “sorprendió” tirando a un contenedor de basura una bolsa de plástico que contenía, entre otros documentos, anotaciones manuscritas con “supuestas contraprestaciones” ofrecidas por él a ciudadanos del municipio a cambio de su voto por correo para el PSOE.
El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Vera, al que ha tenido acceso Europa Press, dispone también que la Policía Local de Garrucha “constate la existencia de las obras” que detalla la acusación particular ejercida por el letrado Enrique José Cerrudo y que aparecen mencionadas en el atestado policial y que se pudieron identificar tras recomponer el “detritus” en que quedaron convertidos los documentos.
Ordena, en esta línea, que se entreviste a sus beneficiarios “a efectos de poder determinar si alguna de esas personas pudo votar por correo en base a la promesa recibida por los imputados”. El fiscal, que informó favorablemente a la práctica de diligencias, señala que lo “básico” es “localizar” una persona que “votara a petición de lo imputados en base a un favor a recibir”.
La juez acuerda en la resolución, notificada el 25 de enero, que se determine la titularidad de los números de teléfono que figuran en los documentos intervenidos, así como que se tome cuerpo de escritura y se practique la pericial caligráfica para verificar si Ruiz Aguado es del autor de las notas manuscritas.
La Audiencia Provincial de Almería ordenó en marzo del pasado año al juzgado instructor que continuase la causa abierta por un presunto delito electoral contra el exregidor al considerar que existían “indudablemente” toda una serie de “indicios racionales de criminalidad”.
Reprochaba el tribunal a la Fiscalía, que entonces pidió el sobreseimiento de la causa contra Ruiz Aguado, el “contrasentido” de que estimase que existían indicios para imputar al resto de implicados por los documentos encontrados en la bolsa de basura y pretendiese “poner fin a la investigación sobre aquel que tiró la bolsa”.
La citada bolsa, según consta en el atestado policial, contenía un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE, y documentación manuscrita supuestamente por Ruiz Aguado sobre las contraprestaciones ofrecidas a los ciudadanos del municipio a cambio de su voto
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
La juez instructora ordenó a finales de 2010 incoar procedimiento abreviado por los mismos hechos contra, entre otros, la exprimera teniente de Alcalde de Carboneras (Almería), Rosario Fernández (PSOE), al apreciar que pudo cometer un delito electoral cuando, de cara a las elecciones municipales de 2007, logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.
La exedil fue condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el exregidor Cristóbal Fernández, a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral aunque finalmente ambos fueron indultados por acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 2006, seis meses antes de los comicios y con la condición de que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años.
La juez atribuye en la causa la presunta autoría de un delito de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General tanto a Rosario Fernández, como a las exediles socialistas Josefa Cruz Orta y Josefa Ruiz Sáez y el empresario Juan Cruz Cervantes. Según se recogía en el auto, de la pruebas practicadas podía “deducirse” que la primera teniente de Alcalde carbonera cometió delito electoral cuando le dijo textualmente a una vecina “me vas a votar por correo, que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora”.
La citada vecina “fue a votar y le entregó la documentación” a Rosario Fernández. “Ese mismo día –ahondaba la juez– la concejal Josefa Ruiz Sáez le dijo que no se preocupara, porque iba a tener trabajo”. En el caso de Josefa Ruiz Orta, con ayuda del otro imputado, Juan Cruz Cervantes, ésta le propuso a un empleado del último que fuera con ella a la oficina de correos donde el testigo “votó, recogió un sobre y se lo dio.” A cambio, su jefe –añade la juez– le “prometió un puesto de trabajo” mientras la edil le garantizaba, a su vez, que “le iban a permitir la apertura de una terraza en el bar”.
