Carmen Crespo: “La firmeza de Rajoy ha embridado las cuentas de las autonomías”

De alcaldesa de Adra (Almería) y parlamentaria del PP, pasó a ser delegada del Gobierno en Andalucía. A Carmen Crespo puede que le parezca una eternidad el tiempo que lleva en este último cargo. Pero solo son algo más de cuatro meses. Lo que ocurre es que en ese periodo se ha encontrado con unas elecciones andaluzas, una huelga general, un Gobierno nuevo del que forman parte PSOE e IU y una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde las comunidades autónomas se han tenido que «retratar» para ajustar sus cuentas a las necesidades del déficit. «Ha sido un tiempo —asegura— muy interesante, muy apasionante, muy difícil, pero considero que todo se ha salvado medianamente en condiciones. Creo que el balance es positivo, aunque ha sido un poco estresante».

—También en esta relación de acontecimientos está el aniversario del 15-M…

—Ante el aniversario del 15-M yo les pedí a los organizadores responsabilidad pública. Si ellos demandaban manifestarse, es un derecho constitucional y pueden hacerlo libremente. Pero hay ciudadanos que no quieren manifestarse y que tienen derecho a no tener un altercado cerca o una dificultad para utilizar un espacio público. Tenían derecho a manifestarse en libertad pero la acampada no estaba permitida. Eso lo recurrieron, y el contencioso que presentaron el TSJA le dio la razón a la Subdelegación, y la legalidad se puso de manifiesto. La Policía trabajó de forma maravillosa, de forma preventiva y en todos los casos respetó muchísimo el derecho a la manifestación y a la huelga, y no hubo incidentes graves.

—En sus primeras declaraciones como delegada mostró su confianza en que no se reactivara la confrontación por parte de la Junta. La realidad ha demostrado que sus deseos no se han cumplido…

—Quizás pequé de demasiado ingenua. Pensaba que en estos momentos de crisis económica, donde estamos pasando lamentablemente una situación de desempleo muy aguda, todas las administraciones tendríamos que hacer un esfuerzo de entendimiento. Y lo mismo que le estamos pidiendo a los ciudadanos, que se aprieten el cinturón, todas tenemos que hacer lo mismo, y con lealtad institucional. Obviamente, el Gobierno de la nación tiene unas políticas que a la Junta puede que no les parezcan bien, y al contrario. Pero dentro de eso puede haber un entendimiento para las cuestiones básicas que afectan a los ciudadanos. Pequé de demasiado ingenua porque en el debate de investidura vi que el presidente de la Junta pidió lealtad institucional y dijo que iba a colaborar, e inmediatamente después el discurso se basó en atacar las políticas del Gobierno. Y eso me sorprendió mucho. Espero que rectifiquen en su postura por el bien de todos los andaluces. Tener un déficit menor significa que nos pongamos en la senda de la creación de empleo.

—¿Qué valoración hace de la actitud del Ministerio de Hacienda hacia Andalucía en la reunión del CPFF?

—Creo que la reunión fue un éxito para todos. Lo importante es que la firmeza del Gobierno de Rajoy ha servido para embridar las cuentas de las comunidades autónomas. En este sentido, se dieron facilidades a Andalucía para que subsanara el error de incluir como ingresos 500 millones de fondos europeos que no están garantizados.

—¿Se comportó el Gobierno con lealtad hacia Andalucía? ¿Fue benevolente?

—El presidente Rajoy trabaja para que en Andalucía se cree empleo cuanto antes. Sin perder de vista ese objetivo, su Gobierno siempre ha sido leal con el Ejecutivo andaluz. Lo que ocurre es que sobre la lealtad debe primar la seriedad si queremos recuperar la senda del crecimiento y el empleo. El ministro de Hacienda no podía aceptar que se incluyeran en los presupuestos de la Junta unos ingresos dudosos. De hecho, la consejera andaluza aceptó finalmente un recorte adicional de 300 millones.

—¿Cree que a partir de ahora se puede abrir un nuevo camino de colaboración entre las dos administraciones, ya sin confrontación?

—Se ha dado un paso muy importante y debemos seguir avanzando en la agenda de reformas que España necesita para recuperar la senda del crecimiento. Pero debo pedir al Ejecutivo andaluz que asuma sus responsabilidades y deje de culpar al Gobierno de Rajoy de los problemas que ellos mismos han provocado. Las medidas de austeridad en Andalucía podrían ser mayores y haberse tomado antes.

—¿Qué opina sobre la reacción de los funcionarios al plan de ajuste de la Junta? ¿Se va a abrir una nueva etapa conflictiva?

—Es la segunda vez en poco tiempo que se recortan las retribuciones de los funcionarios, la anterior fue por orden de Zapatero. Opino que si se hubieran tomado medidas antes, el déficit andaluz no se hubiera doblado en 2011 sobre lo previsto hasta llegar al 3,2 y el agujero sería ahora menor. La medida de suprimir coches oficiales y altos cargos la podrían haber tomado hace tres años. Si hubieran tomado medidas como la de aligerar el entramado de empresas paralelas a lo mejor ahora no tendrían que bajar el sueldo de los funcionarios.

—Se ha acusado a la Junta de hacer un plan de ajuste para tapar sus derroches… ¿Está de acuerdo?

—No quiero ser yo la que profundice en la dinámica de la confrontación ahora que hay acuerdo. Pero el Gobierno andaluz pecó de ceguera, y si no fue ceguera fue demagogia, cuando elaboró unos presupuestos para 2012 basados en una expectativa de crecimiento totalmente irreal. Uno no se puede gastar lo que no tiene, sobre todo si nadie le presta. Eso es algo que los ciudadanos entienden perfectamente.

—¿Andalucía corría el riesgo de un rescate?

—El Gobierno no quiere rescatar ni quiere intervenir las cuentas de ninguna comunidad autónoma. Lo ha puesto de manifiesto de forma muy clara. Lo que el Gobierno está haciendo es ayudar. Lo hace con el plan de pago a a proveedores, facilitando créditos ICO si no se puede hacer un endeudamiento mayor, Y dentro de eso se plantea hacer sostenible la Educación y la Sanidad. Lo que está haciendo el Gobierno es salvar un país que está en una situación de crisis económica que ha heredado de las políticas socialistas, y que por tanto estamos impulsado políticas diferentes en un país que ha estado paralizado durante mucho tiempo, y algunas serán acertadas y otras no, pero desde luego este Gobierno no está inactivo.

—¿El Gobierno bipartito de la Junta va a ser de largo recorrido?

—Es muy difícil para el presidente Griñán llevar a cabo determinadas manifestaciones que Izquierda Unida ha hecho. Ha hablado del Instituto de Crédito andaluz, De cumplir el déficit por imperativo legal. Si es un presidente medianamente responsable, lo que no puede hacer es aplicar políticas expansivas de gastos. Y luego creo que es un Gobierno complicado. ¿Cuánto van a durar? No lo sé. Supongo que querrán estar el máximo tiempo posible. Pero la verdad es que los gobiernos hay que hacerlos de cara a la sociedad. Y por el bien de los andaluces lo que espero es que tengan acierto en su gestión, independientemente de la cuestión política o institucional.

—IU dice que ha trazado unas «líneas rojas» en la actuación de la Junta tanto en la Educación como en la Sanidad…

—El Gobierno andaluz tendrá que entrar en consideración, porque quien pone en dificultad una sanidad o una educción públicas es quien no las gestiona bien. Y no gestionar bien significa duplicar cuestiones y deberle mucho a los proveedores. Y con eso hay que acabar. Pero en estos días estamos a la expectativa y se van a dilucidar muchos temas. Estaremos muy atentos a los primeros Consejos de Gobierno. No para confrontar sino para ayudar.

—¿La comisión de investigación de los ERE va a ser la piedra de toque de la actitud de IU?

—Eso formó parte del pacto. IU lo demandó. Yo he sido parlamentaria once años y en ese tiempo nunca hubo comisiones de investigación. Y sobre el tema de los ERE, lo que tenemos que intentar en todas las administraciones públicas es que intervengan los funcionarios. En época de crisis lo que les echa para atrás a los ciudadanos es que se den casos como el de los ERE en Andalucía.

—Si el PSOE hubiera conseguido mayoría absoluta permitiría la comisión de investigación?

—Hasta ahora nunca lo había permitido

—¿La crisis económica ha provocado un incremento de las inseguridad ciudadana?

—Los datos del primer trimestre de 2012 dicen que se ha producido una bajada del 2 por ciento de faltas y delitos, que es una buena cifra. Y también es verdad que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están trabajando muy bien, contribuyendo al esclarecimiento de los delitos. Las quejas, de forma expresa, están en las organizaciones agrarias, por determinados hurtos en el mundo rural. Ahí hemos hecho un esfuerzo para que por parte de la Guardia Civil haya una vigilancia especial.