El rescate de la democracia
Bajo la pretensión de “rescatar la democracia” han tenido lugar diversos tipo de convocatorias en España, desde la prevista ante el Congreso de los Diputados hasta las regionales ante la Delegación del Gobierno. Protestas que no nos deben extrañar dada los niveles de presión social que se están alcanzando derivados de la crisis económica y las subsiguientes medidas de recorte del gasto público. Siendo cuestión diferente si ese es un camino adecuado o no para la actual situación española.
De entrada, fuentes gubernamentales han recordado que la convocatoria ante el Congreso podría constituir un delito tipificado en el Código Penal, y es que legalmente la soberanía residente en el pueblo, viene ejercida por delegación en los representantes del Poder Legislativo del Estado, que deben realizar su trabajo sin coacciones externas para que el mismo sea válido; habiendo obtenido su legitimidad en las urnas, que no puede verse conculcada por la protesta callejera –por muchas o pocas razones que posea la propia calle-, pero la democracia tiene sus reglas y procedimientos que no pueden subvertirse por la presión de la calle, que en sí misma no representa a la masa social de la ciudadanía en su conjunto.
En cuanto a otro tipo de manifestaciones de protesta, serán lícitas si se ejercitan al amparo del derecho de manifestación, no espontáneamente por vía de hecho, dado que pueden romper el ritmo de la vida ciudadana –que también tiene derecho a seguir su curso diario-. Ahora bien, dejados de lado los procedimientos –que en una democracia también deben importar, máxime si tienen rango legal, pues en tal caso tienen carácter imperativo-, el caso del “rescate democrático” supone la asunción que la democracia está secuestrada –como dicen los manifestantes por poderes económicos-; algo que posiblemente no acaben de reconocer otro sector numeroso de la ciudadanía –que ve el funcionamiento regular de las instituciones democráticas-.
Y en cualquier caso, podría convenirse –en puridad de principios- que esta democracia nuestra no está todo lo desarrollada que sería de desear para garantizar un ejercicio auténtico de los derechos ciudadanos de forma independiente y libre de los aparatos de los partidos, y de poderes fácticos financieros, que la convertirían en una “partitocracia” más propiamente que en una auténtica democracia. Ante tal situación, si el propio sistema no evoluciona de forma autodepurativa desprendiéndose de servidumbres y adherencias que dificulten su autenticidad y eficacia, puede ser cuestionado por la ciudadanía –que actualmente está haciéndolo de forma incipiente, pero que con el discurrir del tiempo puede resultar un auténtico clamor-.
Motivo por el cual, el propio sistema tiene que ofrecer salidas de compromiso para ajustarse a la demanda social que va en la vía de una auténtica regeneración democrática, de una mayor participación ciudadana en la vida política, de la postergación del régimen antidemocrático de los aparatos en los partidos –pues la propia democracia suele tener sus primeras quiebras en la vida interna de los partidos políticos, que no son democráticos aunque lo aparenten- derivando a un régimen más asambleario interno, donde cada militante tenga un voto con idéntico valor –desterrando las fórmulas de “compromisarios” que no lo garantizan-, aplicando listas abiertas, elecciones primarias en el seno de los partidos para elegir los candidatos o candidato, limitación de mandatos y de acumulación de cargos públicos y orgánicos, etc., etc.
El siguiente paso, sería cambiar la ley electoral por una más justa, dado que no es asumible a estas alturas los desajustes que genera la misma, por el cierre a la entrada de nuevas formaciones en la vida pública –ante la elevada exigencia de votos-, y las diferencias en los distintos distritos electorales (pues no vale lo mismo un diputado en Soria que en Madrid, etc.), lo cual podría llevar a considerar el distrito único estatal.
De igual modo, habría de facilitarse mejorando las condiciones de la Iniciativas legislativas populares, para posibilitar la iniciativa ciudadana en cuestiones que la sociedad pueda estimar de especial interés para sectores considerables de ciudadanos, que tienen derecho a hacer sus peticiones colectivas y si estas son cuantiosas, a que se pongan en marcha los mecanismos de trámite legislativo. Así, como la facilitación y mayor uso del referéndum –de escaso uso en nuestro sistema político-. Si de esa forma, las fuerzas políticas electas atienden a estas peticiones de la calle, posiblemente mejoremos la calidad de nuestra democracia, la ciudadanía se sentirá atendida –aunque haya de soportar el propio malestar de la crisis económica, pero se considerará realmente soberana- y la problemática planteada de forma extraparlamentaria en las quejas callejeras podrían ir cediendo.
Por el contrario, de no hacerse eco de este malestar, y sobre todo de cerrar filas en defensa “numantina” de los formalismos legales, ratificará a la ciudadanía cabreada en su desafección con la clase política gobernante, confirmará la inoperancia del sistema y empezará a arremeter contra el mismo de forma que puede llegar a ser de impredecible resultado. Por ello, consideramos que hace falta actualmente mucho talento y talante para el buen gobierno de la Nación, para lo que resulta imprescindible el diálogo generoso, el acercamiento al pueblo, la pedagogía política de los acuerdos de gobierno por indeseables que resulten, y acometer reformas pro-participativas más allá de los taimados intereses de facciones y grupos.
-Domingo Delgado-
