La reforma del chantaje
Aprovecharse de la necesidad de los cinco millones de parados y de la sensibilización social por el creciente desempleo, para introducir una reforma laboral que convierte un derecho constitucional, como es el empleo, en una excusa para desregular, eliminar derechos y precarizar las condiciones de los trabajadores aún en activo (a los que será más fácil y barato despedir) sólo puede calificarse de indigno.
El Partido Popular pretende igualar a activos y desempleados, a través del ‘todos al paro’. El PP, que se decía hace unos meses ‘el partido de los trabajadores’, hoy en el Gobierno modifica el equilibrio en la relaciones laborales de derechos y obligaciones entre empresas y trabajadores, transfiriendo la fuerza desde el código jurídico a las manos del más fuerte.
El mismo PP que negaba hace unos días la rebaja del despido, ahora se desdice (ya que todo vale para ganar unas elecciones) y apuesta con esta reforma por un modelo basado en salarios bajos (salario mínimo interprofesional de 641,40 euros al mes) y en condiciones precarias, y donde, además de un despido más barato y fácil, será más difícil oponerse a decisiones arbitrarias de las empresas contrarias a la ley.
El atentado del PP con esta reforma no es sólo al diálogo social, sino al marco legal democrático que hemos construido durante años, que compatibilizaba derechos y, sobre todo, equilibraba poderes: de un lado el de la empresa y de otro el de los trabajadores, en sus legítimas exigencias de justicia, derechos y participación. Este modelo hasta ahora había reducido la conflictividad y había convertido la colaboración constructiva en el elemento común, haciendo más eficaces, eficientes, flexibles, productivas y competitivas muchas de nuestras fábricas.
Sin embargo, el PP ha apostado por medidas que nos retrotraen a tiempos donde el trabajo era sinónimo de esclavitud. Primero llegaron las medidas del 30 de diciembre: congelación del Salario Mínimo Interprofesional por primera vez en la historia, moratoria de la Ley de Dependencia, aumento del impuestos como el IRPF y el IBI, congelación de sueldo a funcionarios y aumento de jornada, recorte de la inversión pública, etcétera. Después aprobaron el Real Decreto del 10 de febrero, con un despido más fácil, rápido y barato, pasando de 45 días y 42 mensualidades máximas de indemnización a 33 días y 24 meses, aunque la generalidad va a ser 20 días y 12 mensualidades como máximo, donde el período de prueba en el nuevo contrato indefinido será de 365 días, donde ponerse enfermo es causa de despido y donde la empresa puede bajarte el salario, cambiarte el horario y el puesto, etcétera, alegando razones económicas, técnicas u organizativas, así como descolgarse del convenio colectivo y aplicar un ERE sin autorización administrativa. Éstas son las medidas del Gobierno, aunque aún queda la sorpresa de los Presupuestos tras las elecciones andaluzas.
Después del conjunto de mentiras del PP, de sus falsas promesas, del engaño de prometer que con su victoria se resolverían el desempleo y la crisis, ahora pretenden desviar la atención, criminalizando a los sindicatos y a los sindicalistas, que parecen ser el único obstáculo en su objetivo de eliminar el estado del bienestar construido por todos.
Resulta inaceptable que a los trabajadores, que no han sido responsables ni de esta situación económica ni del paro, se les impongan normas limitadoras e incluso contrarias a derecho, convirtiéndolos en los únicos ‘paganos’ de la crisis.
Sabemos que las medidas del Partido Popular no van a generar empleo, sino más de 500.000 parados en los próximos meses, además de agudizar la recesión, impidiendo el consumo y la confianza. Por lo tanto, no cabe sino parar a un Gobierno, como el del PP, que desde el poder institucional, en lugar de defender a los más necesitados contra los mercados y mantener el equilibrio en unas relaciones laborales siempre desiguales, se alía con el poder especulativo para chantajear a los trabajadores en activo con la presión social del desempleo, conduciéndonos a la generalización del Salario Mínimo o en su defecto, pagar un cuenco de arroz por trabajar.
Rogelio Luis Mena Segura
Diputado Provincial del PSOE
