Neutralidad imposible
El Parlamento de Andalucía acaba de aprobar la Ley de Función Social de la Vivienda, un texto ambicioso que pretende garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía, y poner punto final, al menos en territorio andaluz, al drama de los desahucios.
El texto va más allá del decreto-ley de función social de la vivienda que aprobó el Gobierno andaluz en abril y que permitió frenar más de 2.000 desahucios en sólo unas semanas, antes de que el Gobierno de Rajoy decidiera recurrirlo, escandalizado por la idea de que a un banco se le pudiera expropiar temporalmente una vivienda para evitar dejar a una familia en la calle.
Pese a los obstáculos que el Gobierno del PP le está poniendo continuamente a Andalucía, el Gobierno de la Junta no ha cejado en su empeño de defender a la ciudadanía frente a un sistema injusto, en el que la parte más vulnerable es siempre el ciudadano y nunca las entidades bancarias.
Con ese mismo objetivo, el de la defensa de las personas, el Gobierno andaluz aprobó recientemente el anteproyecto de Ley para la Protección de los Consumidores de Productos Hipotecarios, una norma pionera que convierte a los andaluces en los ciudadanos más protegidos del Estado ante la firma de una hipoteca.
Este anteproyecto responde a la necesidad de poner fin a la vulnerabilidad de los consumidores frente a la falta de transparencia o los abusos financieros en materia hipotecaria. El texto aprobado obligará a las entidades a garantizar préstamos responsables y a informar adecuadamente a los prestatarios. Además, en caso de incumplimiento de estas obligaciones, contempla indemnizaciones por daños y perjuicios y sanciones a las entidades bancarias que pueden llegar hasta los 600.000 euros.
Ante la durísima realidad de los desahucios no cabe la neutralidad que propugna la derecha. Quedó demostrado con la descafeinada ley de la vivienda que aprobó el Gobierno central y que, al final, sólo contentó a los bancos.
Ahora el Gobierno de Rajoy tendrá que retratarse otra vez. ¿Volverán a impedir que en Andalucía se apliquen leyes perfectamente legales, recurriendo ante el Tribunal Constitucional la Ley de Función Social de la Vivienda que acaba de aprobar el Parlamento? Si fuera así, los ciudadanos volverían a ver la auténtica cara del Partido Popular, al que no le importa que España se llene de familias desahuciadas.
-Juan Carlos Pérez Navas-
Senador PSOE Almería
