CSI-F denuncia que la proliferación indiscriminada de empresas públicas es una de las causas del déficit
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI—F Almería, denuncia que la proliferación indiscriminada de empresas públicas es una de las causas del déficit. Según explica Francisco Iglesias, presidente de CSI—F Almería, muchas de ellas fueron creadas con el único objetivo de saltarse la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Contratos del Estado, escapando de esta forma al control presupuestario y de la intervención de cuentas, favoreciendo la existencia de consejos de administración con sueldos millonarios, con directivos nombrados a dedo por los responsables políticos del Estado, Autonomía o ayuntamientos en su ámbito de actuación.
Desde la Central Sindical quieren dejar claro después del Consejo de Ministros de hoy, día 5 de enero, que no se puede intentar reducir el déficit público recortando servicios públicos, ya que en las situaciones de crisis económica es cuando los servicios públicos, universales y gratuitos son más necesarios. En esta línea, Iglesias indica que “la defensa de los empleados públicos y de los Servicios Públicos es la defensa de los ciudadanos y del Estado del bienestar”.
Según explican desde el sindicato, las empresas públicas, casi todas deficitarias, nos cuestan más de cuarenta mil millones de euros al año. “Todas las administraciones han abusado de esta figura, que en unos casos entran en competencia con las empresas de capital privado y en otras sirven para externalizar servicios públicos y montar administraciones paralelas. Algunas de las cuales son de dudosa justificación, sobre todo en una situación de crisis económica como la que estamos atravesando”, aclara.
Si bien, Iglesias también sostiene que algunas empresas públicas tienen razón de ser, aunque no así “los abusos y los excesos, que es lo que tenemos que denunciar, ya que nada justifica que su número se haya multiplicado por diez en estos años”. Según indica, es el despilfarro y la alegría en el gasto del Estado la causa principal de la situación actual, y no los sueldos de los empleados públicos que son inferiores a los de la empresa privada y a los de los de los empleados públicos de los países de nuestro entorno económico.
