Sobre los presupuestos y los impuestos para 2012
El viernes 30 de marzo el Gobierno hizo público su proyecto de presupuestos del Estado para este año 2012. Después de presiones e intercambios de opiniones, se acordó con Bruselas que las cuentas deberían permitir reajustar el déficit español al 5,3% del PIB en este ejercicio. Desde que el nuevo ejecutivo asumiera responsabilidades ha sido insistente el mensaje sobre la necesidad del ajuste y de la austeridad. Con tal fin, se plantean reducciones de gastos por 27.300 millones de euros.
Entre las propuestas planteadas quisiera destacar la reducción de las subvenciones y préstamos en I+D+i en 600 millones de euros; la reducción en inversiones reales por 4.679 millones de euros, en las aportaciones al ADIF por 287 millones, en las correspondientes a SEITTSA por 427 millones y las previstas para las autopistas de primera generación en 360 millones; y la reducción en 530 millones de euros de transferencias de Educación.
Del lado de los ingresos, el presupuesto va acompañado de diversas previsiones así como de las medidas que ya se adoptaron en diciembre de 2011. Estas pretenden incrementar la recaudación de diversas formas, pero básicamente a través de la subida de los tipos de gravamen en el IRPF, de una subida parcial y temporal del IBI, de limitar las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y de una amnistía fiscal basada en el pago de un peaje del 10% del valor de lo ocultado al fisco en los impuestos directos.
Estos objetivos se plantean en un contexto previsto de recesión económica que supondría una caída de la actividad en el 1,7% del PIB. No queda claro si las cuentas tienen en cuenta su propia incidencia en la marcha de la economía. Pero más allá de su precisión, el modelo escogido plantea serias dudas sobre su capacidad para cumplir con el fin básico de reducción del déficit por las siguientes razones.
Esta política fiscal se basa en reducciones intensivas en gasto, sin reparar en su calidad, y subidas muy moderadas de impuestos directos. Reducir tan intensamente las inversiones y las cuantías dedicadas a educación disminuirá la demanda agregada, intensificando la caída de la actividad. Lo que es peor, nos deja en mala posición para el futuro en la medida en que determinen la insuficiencia de infraestructuras adecuadas y modernas así como mermen la suficiente capacitación del capital humano que permitan mejorar nuestra productividad y competitividad. Por otra parte, el incremento de paro puede disparar el gasto social y, salvo emigraciones, determinar nuevas causas de déficit. Al mismo tiempo, no parece que se haya hecho el suficiente esfuerzo en reducir gastos corrientes, que incluso crecen en algunos casos. Entre estos figuran los costes de personal: si bien es cierto que el poder adquisitivo de los funcionarios ha disminuido ostensiblemente en los últimos años, habría que ser imaginativos para buscar fórmulas que mejoren sus condiciones de trabajo y sus perspectivas a cambio de racionalizar su coste de forma proporcionada a las circunstancias.
Las medidas fiscales para mejorar ingresos a través del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades son, en general, desacertadas. En primer lugar porque cuando el PIB se reduce, como va a suceder, caen los beneficios empresariales y se producen pérdidas, los trabajadores ven reducidos sus sueldos y los nuevos desempleados dejan de cobrarlos. De todo esto resulta que difícilmente se conseguirá mayor recaudación de estos impuestos a pesar de que se aumenten los tipos de gravamen. Amén del hecho de que existe un consenso básico entre los economistas sobre que estos impuestos son peores para el estímulo y el crecimiento económico que los tributos indirectos. Sí que debe aplaudirse determinadas eliminaciones de deducciones en el Impuestos sobre Sociedades que pueden traer mayor neutralidad en el comportamiento de este tributo.
En fin, me preocupa, y creo que así le sucede a los inversores de los mercados, que debería haberse hecho una previsión de ajustes también para los años venideros, no sólo 2012, conjugado con medidas de estímulo a la economía e inversiones que permitan ganar capacidad productiva y competitividad. Esto se logra con recortes selectivos de gastos, más intensos en los de carácter corriente, junto con la introducción de nuevas figuras fiscales que no distorsionen ni limiten la capacidad de crecimiento pero que puedan aportar recursos adicionales para financiar infraestructuras y educación.
Quisiera terminar con dos apuntes. El primero, referido a la amnistía fiscal que ahora el Gobierno quiere llamar de otra manera. Se trata de una medida que violenta principios políticos y constitucionales puesto que supone una excepción a que todos contribuyamos a los gastos públicos de acuerdo con un sistema fiscal justo y con la capacidad económica de cada cual. Al mismo tiempo, elude problemas hacendísticos: si los impuestos existentes no son capaces de dotarnos de los recursos que necesitamos, deberíamos revisarlos para que cumplan con su función y hacerlo de una manera ordenada, de acuerdo con valores de justicia y eficacia. Por otra parte, supone convalidar comportamientos ilegales e ilegítimos al tiempo que se renuncia a la labor de inspección que es responsabilidad del Poder Público. Finalmente, no está claro qué capacidad vaya a tener para aportar ingresos; en todo caso, estos serán instantáneos sin que permitan nueva recaudación en los años venideros, cuando seguirán haciendo falta. En fin, es una iniciativa fruto de la incapacidad y causa de desafección.
Finalmente, quisiera llamar la atención sobre la decisión de recortar en 1.557 millones de euros las políticas activas de empleo. Los especialistas abogan hoy por lo que se conoce como flexiseguridad: flexibilidad en el mercado laboral que permita que los trabajadores cambien de actividad y se adapten a las nuevas exigencias del mercado de trabajo; seguridad en un doble sentido, en cuanto al cobro de prestaciones para evitar el desamparo y en la capacitación para volver a encontrar una ocupación en un lapso de tiempo breve. La reforma laboral del Gobierno flexibiliza el despido; pero para que verdaderamente contribuya en algo a crear puestos de trabajo es necesario disponer de políticas activas de empleo que permita la reorientación profesional y la capacitación en un nuevo entorno. La disminución presupuestaria indicada va en el sentido contrario al que dicta el común de los sentidos.
-JUAN LÓPEZ RODRÍGUEZ es Doctor en Derecho e Inspector de Hacienda del Estado-
